La justicia en México se encuentra en un punto de inflexión crucial. No se trata de una simple reforma, sino de una transformación profunda que genera una incertidumbre palpable. Más allá de los discursos políticos, la realidad es que la llegada de nuevos perfiles al Poder Judicial, algunos con procesos penales pendientes, despierta serias preocupaciones sobre el futuro de la imparcialidad y la correcta aplicación de la ley. ¿Cómo podemos confiar en un sistema donde quienes imparten justicia tienen cuentas pendientes con ella?

El proyecto de sentencia en la acción de inconstitucionalidad 49/2021, elaborado por la ministra Ríos Farjat, abre una ventana de esperanza al interpretar la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar que requiere debate y justificación, alineándose con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, esta luz también proyecta sombras.

La posible avalancha de solicitudes de revisión de medidas cautelares podría colapsar un sistema judicial ya de por sí saturado. Imaginen el escenario: audiencias masivas, la fiscalía solicitando prisión preventiva justificada en la mayoría de los casos y la ausencia de un estándar claro para evaluar los riesgos procesales. Esta subjetividad judicial abre la puerta a la arbitrariedad. Un ejemplo claro: un empresario acusado de influir en sus empleados, quienes son testigos en su contra. ¿Es su jerarquía suficiente para considerarlo un riesgo procesal? Para algunos jueces, sí. Resultado: prisión preventiva por meses, incluso antes del juicio. Un limbo legal donde la libertad se convierte en un privilegio, no en un derecho.

A esta compleja situación se suma la incorporación de nuevos jueces, elegidos por voto popular, con poca experiencia y lealtades aún por definir. En un contexto donde la independencia judicial es esencial, la influencia política y las simpatías partidistas se convierten en amenazas latentes. El recién creado “tribunal disciplinario” añade otra capa de preocupación, planteando la posibilidad de una vigilancia ideológica que limite la autonomía de los jueces.

El peligro no radica únicamente en la prisión preventiva oficiosa, sino en la construcción de un modelo de justicia que, en lugar de proteger al ciudadano del poder, proteja al poder del ciudadano. Un sistema donde la interpretación subjetiva y los intereses políticos pueden privar a una persona de su libertad.

Si bien el optimismo es importante, en estos tiempos de incertidumbre debemos mantenernos alerta. Callar ante la posibilidad de un sistema judicial que vulnere los derechos fundamentales es un riesgo que no podemos permitirnos. La justicia no puede ser una herramienta al servicio del poder, sino un garante de la igualdad y la libertad de todos.