Un cambio se respira en el aire. La promesa de una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) más cercana a la gente, comprometida con la justicia social y la austeridad, se palpa con la llegada de las primeras personas juzgadoras electas por voto popular. Este anhelo, expresado con fuerza por la ministra Lenia Batres Guadarrama, marca un hito en la historia del Poder Judicial de la Federación (PJF). No se trata solo de un cambio de rostros, sino de una transformación profunda, una redefinición de prioridades que coloca al ciudadano en el centro de la escena. La ministra, en su recorrido de agradecimiento por el país, ha dejado claro que la transformación debe ser palpable desde el primer día, comenzando por el ajuste a las remuneraciones, en estricto apego al artículo 127 constitucional. Un gesto simbólico pero contundente, que refleja la voluntad de un Poder Judicial más austero, consciente de la realidad económica del país.

Sin embargo, la transición no está exenta de desafíos. La ministra Batres ha alertado sobre la necesidad de vigilar atentamente los últimos meses de la actual integración de la SCJN. Un periodo crucial, en el que, según sus palabras, "están sucediendo cosas que no deberían suceder". La concentración de temas fiscales en las sesiones privadas de las salas, lejos del escrutinio público, genera inquietud y sospechas. La opacidad, en estos casos, se convierte en caldo de cultivo para la corrupción.

Las cifras presentadas por la ministra son alarmantes. La resolución de 31 casos fiscales a favor de empresas y particulares en 2022, por un monto superior a los 3,021 millones de pesos, contrasta con la escasa cantidad de juicios resueltos a favor de particulares en lo que va del año. Y lo que es aún más preocupante, la existencia de 15 juicios fiscales pendientes, en los que se reclaman más de 47,435 millones de pesos del erario. Ante este panorama, la ministra Batres ha hecho un llamado a la transparencia, exigiendo que estos casos se resuelvan en el Pleno de la SCJN, con la participación pública de todos los ministros. Solo así, con la luz pública iluminando cada decisión, se puede garantizar la imparcialidad y la justicia.

La lucha contra la corrupción no es una tarea sencilla. Requiere valentía, determinación y un compromiso inquebrantable con la verdad. La ministra Batres ha demostrado tener estas cualidades, alzando la voz y exigiendo rendición de cuentas. Su compromiso con el acceso a la justicia, la austeridad y la defensa de los derechos sociales, representa una esperanza para millones de mexicanos. La justicia social, en su concepción más amplia, implica garantizar el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, un medio ambiente sano, agua potable, cultura y ciencia. Derechos fundamentales que deben ser protegidos y garantizados por un Poder Judicial independiente y comprometido con el bienestar del pueblo. El camino hacia una justicia más justa y equitativa apenas comienza, pero la semilla del cambio ya está sembrada. Y con la participación ciudadana y la vigilancia constante, podremos cosechar los frutos de una sociedad más justa y democrática.