La sombra de la impunidad se cierne sobre Veracruz. La posible ratificación de Héctor Ulises Orduña Hernández como juez, a pesar de las graves acusaciones de violencia sexual en su contra, ha generado una profunda conmoción y un clamor unánime por parte de las organizaciones que velan por la protección de la infancia y la adolescencia. No podemos permitir que la justicia se convierta en una burla, en un instrumento que proteja a los victimarios y abandone a su suerte a las víctimas más vulnerables.

El caso de Orduña Hernández no es un hecho aislado, sino un síntoma de una enfermedad que corroe el sistema judicial: la normalización de la violencia y la falta de consecuencias para quienes la perpetran. Las acusaciones que pesan sobre él, incluyendo tocamientos lascivos y la exhibición de material de abuso sexual a una menor, son de una gravedad extrema y exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades. No basta con una simple investigación, se requiere una actuación inmediata que garantice la protección de la víctima y evite que este presunto agresor pueda acceder a un cargo de tanta responsabilidad.

La presunción de inocencia es un principio fundamental de nuestro sistema jurídico, pero no puede ser utilizada como escudo para la impunidad. En casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, el Estado tiene la obligación de actuar con la máxima diligencia y cautela. La ratificación de Orduña Hernández enviaría un mensaje devastador: que la justicia no protege a los más vulnerables, que la violencia sexual puede quedar impune y que incluso quienes están acusados de estos delitos pueden ocupar cargos de poder. ¿Qué mensaje le estamos enviando a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto?

Las organizaciones que han alzado la voz en este caso, como Alumbra, Reinserta, Te Protejo, Freedom, Guardianes, Conciencia, World Vision y ChildFund México, entre otras, no solo están defendiendo los derechos de una víctima en particular, sino que están luchando por un sistema judicial justo, transparente y comprometido con la erradicación de la violencia sexual. Su llamado a la acción es un llamado a la conciencia, una invitación a la sociedad en su conjunto a unirse en la exigencia de justicia y a no tolerar la impunidad.

Es imperativo que el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral Federal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz actúen con celeridad y transparencia en este caso. Deben escuchar el clamor de las organizaciones de la sociedad civil, de las víctimas y de todos aquellos que creemos en una justicia que proteja a los más vulnerables. No podemos permitir que la posible ratificación de Orduña Hernández se convierta en una mancha indeleble en la historia de la justicia en nuestro país.

Este caso nos interpela a todos. No podemos permanecer indiferentes ante la posibilidad de que un presunto agresor sexual ocupe un cargo judicial. Debemos exigir a las autoridades que actúen con responsabilidad y que garanticen la protección de las niñas, niños y adolescentes. La justicia no puede ser un privilegio, debe ser un derecho para todos, especialmente para aquellos que más la necesitan. El futuro de nuestra sociedad depende de ello. ¿De qué lado estamos?