La incertidumbre se cierne sobre el futuro de la vivienda en Jalisco. La reciente propuesta del Infonavit, que abriría la puerta a la escrituración de viviendas ocupadas ilegalmente, ha generado una oleada de preocupación y confusión entre legisladores y ciudadanos. Desde el Congreso del Estado, la voz de Movimiento Ciudadano se alza con fuerza, cuestionando la viabilidad y las consecuencias de esta iniciativa. José Luis Tostado, coordinador de la bancada emecista, ha expresado su inquietud por el impacto que esta medida podría tener en la seguridad jurídica y en las expectativas de la población. “Si bien Jalisco cuenta con su propia legislación, la sola posibilidad de que un invasor pueda legalizar su situación genera un precedente peligroso”, advierte Tostado. La preocupación no se limita al ámbito legal. El diputado Omar Cervantes, quien ha liderado diversos foros y mesas de trabajo sobre el tema de la vivienda, pone el dedo en la llaga al señalar la compleja problemática del abandono de viviendas en el estado. Con 100 mil viviendas en cartera vencida, de las cuales el Infonavit ya posee la mitad, la propuesta de escriturar a invasores parece un parche mal puesto en una herida profunda. “El Infonavit podría reintroducir estas viviendas al mercado, pero insistir en el mismo esquema de financiamiento que ya falló una vez es una muestra de la falta de estrategia”, critica Cervantes. El panorama se complica aún más al considerar los datos del INEGI, que estiman la existencia de 300 mil viviendas deshabitadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ante esta cifra alarmante, se trabaja en un plan estatal de vivienda, pero la propuesta del Infonavit amenaza con socavar los esfuerzos locales. "La facultad constitucional del uso de suelo recae en los municipios, y esta iniciativa los afecta directamente", subraya Cervantes, alertando sobre la necesidad de un diálogo interinstitucional que respete las competencias de cada nivel de gobierno. La propuesta del Infonavit no solo genera dudas sobre su legalidad, sino que también plantea interrogantes sobre su eficacia. ¿Realmente solucionará el problema de la vivienda o, por el contrario, lo agravará al incentivar las invasiones? ¿Qué pasará con las familias que han cumplido con la ley y han adquirido sus viviendas de manera regular? Estas son algunas de las preguntas que exigen una respuesta clara y contundente. Mientras tanto, la sombra de la incertidumbre se extiende sobre el mercado inmobiliario jalisciense, amenazando con desestabilizar un sector clave para la economía estatal. En este contexto de preocupación e incertidumbre, la voz del Congreso del Estado se erige como un baluarte en defensa de la legalidad y el derecho a la vivienda digna. La propuesta del Infonavit, lejos de ser una solución, se presenta como un nuevo desafío que exige un análisis profundo y una respuesta responsable por parte de las autoridades. La discusión está abierta y la sociedad jalisciense espera respuestas. El futuro de la vivienda está en juego.