La imposición de la multa más cuantiosa en la historia de la competencia económica en México, por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ha desatado un verdadero terremoto en el sector. Telcel, el gigante de las telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim, y dos subsidiarias de FEMSA, el imperio empresarial de José Antonio Fernández Carbajal (Oxxo e IMMEX), se encuentran en el ojo del huracán tras ser sancionadas por una práctica monopólica relativa. La cifra impuesta a Telcel asciende a la asombrosa cantidad de mil 782 millones de pesos, mientras que Oxxo e IMMEX deberán pagar 19.5 millones de pesos cada una.

Este caso, sin embargo, va mucho más allá de una simple multa. Ha sacado a la luz una serie de interrogantes sobre el proceder de la Autoridad Investigadora del IFT, encargada de recibir las denuncias y llevar a cabo las investigaciones. Inicialmente, la denuncia por práctica monopólica relativa, presentada por AT&T, fue desechada. Sin embargo, tras investigar otro supuesto, la Autoridad Investigadora decidió retomar la acusación inicial. Es decir, un expediente que buscaba esclarecer una posible exclusividad entre Oxxo y Telcel, terminó sancionando a ambas empresas por pactar beneficios que impedían a AT&T comercializar sus tarjetas SIM en las tiendas Oxxo.

La situación se vuelve aún más compleja si consideramos que AT&T, a pesar de haberse desistido de la denuncia hace un año y medio, logró un acuerdo con Oxxo para vender sus tarjetas SIM. A pesar de esto, el IFT decidió continuar con la investigación de oficio. Este hecho ha levantado sospechas sobre una posible motivación política detrás del procedimiento, especialmente considerando que la decisión se tomó al final de la gestión de varios comisionados.

Otro punto que ha generado controversia es la sanción a Oxxo como “coadyuvante”. Esta calificación implica que la cadena de tiendas de conveniencia fue cómplice de Telcel, suponiendo que esta última la obligó a no vender los chips de AT&T. Esta interpretación ha sido cuestionada por muchos analistas, quienes argumentan que no se consideró la posición comercial de Oxxo como una de las principales cadenas del país, con más de 20 mil puntos de venta. Dentro del mismo IFT se generó un intenso debate sobre si se estaba malinterpretando la conducta comercial de Oxxo o si, simplemente, la Autoridad Investigadora desconocía el funcionamiento de las grandes cadenas comerciales.

Finalmente, la sombra de Gabriel Contreras, expresidente del IFT y actual encargado de asuntos jurídicos de AT&T, se cierne sobre el caso. La cercanía entre Contreras y Paulina Martínez, la Autoridad Investigadora, ha despertado inquietudes sobre una posible influencia indebida de la empresa estadounidense en el regulador. Recordemos que AT&T fue la denunciante original en este procedimiento.

En otro orden de ideas, la venta del negocio de concesiones carreteras de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, a las fibras ALOM y FEXI, marca un punto de inflexión en la estrategia de la empresa. La operación, valorada en siete mil 700 millones de pesos, incluye activos como la carretera León-Salamanca y la Silao-Guanajuato. Este movimiento responde a un realineamiento estratégico de Grupo México hacia sus actividades centrales, después de varios años intentando expandirse en el sector de concesiones carreteras, un mercado altamente consolidado y con escasas oportunidades de crecimiento debido a la falta de licitaciones en los últimos años. La transacción, financiada por Goldman Sachs, BBVA y Santander, se concretará en el último trimestre de 2025, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes.

Por otro lado, el caso de Casas GEO, a seis años de su desaparición, continúa siendo un ejemplo de los riesgos que conllevan los rescates financieros. Los accionistas de la empresa, que en su momento dirigió Luis Orvañanos, denuncian el silencio institucional y la omisión de las autoridades en el proceso de concurso mercantil. La supuesta inyección de capital de tres mil 500 millones de pesos por parte de Sólida (Banorte) y Capital I, que prometía un rescate, terminó siendo, según los accionistas, una toma hostil encubierta. Las garantías se ejecutaron de forma cuestionable, dejando de lado a los verdaderos acreedores. Actualmente, el banco de Carlos Hank González está ofreciendo al Infonavit numerosas reservas territoriales que quedaron de GEO y de otras grandes vivienderas de los sexenios de Felipe Calderón y Vicente Fox.

Cambiando de tema, la nueva edición de “El Mundo del Derecho”, publicación dirigida por Antonio Holguín y editada por Heraldo Media Group, se centra en el nuevo Poder Judicial Federal. La publicación incluye perfiles de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como un análisis de la Reforma Judicial.

Finalmente, el Consejo de Administración de Grupo Financiero Multiva ha recomendado a su directora general, Tamara Caballero, declinar la invitación para ocupar el cargo de Comisaria en CFE y Pemex. Esta decisión estratégica busca evitar posibles conflictos de interés y asegurar la alineación de los planes de negocio de la institución.