El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha vuelto a poner la lupa sobre México, analizando los avances y desafíos en la lucha por la igualdad de género. Este proceso, que se repite periódicamente con la presentación de informes por parte del Estado mexicano, no es un mero trámite burocrático, sino una oportunidad vital para evaluar el impacto real de las políticas públicas y para impulsar nuevas acciones que cierren las brechas que aún persisten. La reciente presentación del décimo informe periódico ha generado un debate enriquecedor, con reconocimientos a los logros alcanzados, pero también con críticas constructivas que nos invitan a la reflexión y a la acción.

Uno de los puntos centrales de la discusión ha sido la paridad en la participación política. México ha dado pasos significativos en este ámbito, trascendiendo las cuotas de género para instaurar la paridad como un principio fundamental en la conformación de los cuerpos colegiados. Se ha destacado el papel crucial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la defensa de este principio, con más de cien sentencias que respaldan la participación equitativa de las mujeres en la política. Sin embargo, la paridad formal no es suficiente. Es indispensable asegurar que esta representación numérica se traduzca en una participación sustantiva, con mujeres que tengan voz, voto y capacidad de decisión en todos los espacios de poder.

La CEDAW ha puesto el dedo en la llaga al señalar la persistencia de obstáculos que limitan la participación plena de las mujeres, como las dificultades en el acceso a financiamiento para campañas electorales, la escasa visibilidad en los medios de comunicación y la vulnerabilidad frente a la violencia política. Estos desafíos requieren una atención urgente y una respuesta integral por parte del Estado, que involucre a todas las instituciones y a la sociedad en su conjunto. No podemos permitir que las mujeres que se atreven a participar en la vida política sean objeto de agresiones, discriminación o silenciamiento. Su voz es fundamental para la construcción de una democracia más justa e inclusiva.

Otro aspecto relevante abordado en la evaluación ha sido la situación de las mujeres en el ámbito local. Se ha reconocido el esfuerzo de los institutos electorales locales por implementar políticas que promuevan el liderazgo femenino y garanticen la presencia de candidatas en todos los distritos electorales, evitando la relegación de las mujeres a distritos con menores posibilidades de triunfo. Esta estrategia es crucial para romper con los patrones históricos de discriminación y para asegurar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de acceder a cargos de representación popular.

La CEDAW no solo evalúa el cumplimiento de los compromisos internacionales, sino que también establece un estándar a nivel global en la lucha por los derechos de las mujeres. Sus recomendaciones son una guía invaluable para los Estados, un llamado a la acción para fortalecer las políticas públicas y para avanzar hacia una sociedad donde la igualdad de género sea una realidad tangible. El camino hacia la igualdad es un proceso continuo, que requiere de vigilancia constante, revisión crítica y un compromiso inquebrantable por parte de todos los actores involucrados. La defensa de los derechos de las mujeres no es una tarea exclusiva del Estado, sino una responsabilidad compartida que nos interpela a todos. Debemos trabajar juntos para construir un futuro donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y desarrollar todo su potencial. La presentación del décimo informe periódico ante la CEDAW es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la igualdad y para impulsar nuevas acciones que nos permitan avanzar hacia un México más justo e igualitario para todas las mujeres.