La democracia mexicana se encuentra en una encrucijada. A la sombra de un nuevo régimen, figuras políticas con ínfulas monárquicas han emergido, desplegando un preocupante patrón de comportamiento autoritario. Lejos de abrazar la crítica y el debate, estos nuevos caciques, amparados en la fuerza de su partido, silencian las voces disidentes y acosan a la prensa con una impunidad que hiela la sangre. Ya no se trata de casos aislados, sino de una estrategia sistemática para concentrar el poder y eliminar cualquier forma de contrapeso. Han desmantelado instituciones clave, como el INAI, y sometido al poder judicial, dejando a la ciudadanía vulnerable ante los abusos del poder.

La intolerancia de estos pequeños déspotas se manifiesta de diversas formas. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha impuesto una multa exorbitante a un periodista por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión. Dos millones de pesos y la prohibición de ejercer su profesión durante dos años, una sentencia desproporcionada que busca acallarar cualquier intento de crítica. No se trata de justicia, sino de una venganza política disfrazada de legalidad. El mensaje es claro: en Campeche, la verdad oficial es la única verdad permitida.

En Puebla, el gobernador y sus aliados en el Congreso han desatado una cacería judicial contra periodistas que se atreven a investigar la corrupción del régimen. Veintidós procesos legales en curso, una amenaza latente que busca intimidar y silenciar a la prensa independiente. Como si esto no fuera suficiente, han impulsado una "Ley de Ciberseguridad" cuya ambigüedad permite criminalizar la crítica bajo el pretexto de combatir el "ciberacoso". Una ley a la medida, diseñada para proteger al poder de la rendición de cuentas.

Veracruz no escapa a esta ola autoritaria. Allí, los periodistas enfrentan amenazas de muerte por parte de alcaldes que actúan como señores feudales. "Ojalá nunca te pase nada", una frase que, pronunciada desde el poder, se convierte en una sentencia ominosa. La impunidad con la que operan estos caciques es alarmante.

Este patrón de comportamiento autoritario nos recuerda a las prácticas del anterior sexenio, donde la crítica era respondida con amenazas y persecución desde la tribuna presidencial. La historia se repite, pero esta vez la amenaza se ha multiplicado y se extiende a todos los niveles de gobierno. La libertad de prensa, pilar fundamental de la democracia, se encuentra bajo asedio.

Es crucial que la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los defensores de los derechos humanos alcen la voz ante esta deriva autoritaria. No podemos permitir que el miedo y la censura se impongan. El futuro de la democracia mexicana depende de nuestra capacidad para resistir y defender la libertad de expresión. El silencio nos hace cómplices. La lucha por la libertad de prensa es la lucha por la libertad de todos. No podemos callar.