El diálogo abierto entre el Gobierno de México y las Plataformas de Colectivos en torno a la reforma a la Ley General en materia de desaparición, representa un paso fundamental hacia la construcción de un marco legal más robusto y efectivo. No se trata solo de modificar leyes, sino de tejer un entramado social e institucional capaz de responder a la profunda crisis humanitaria que representa la desaparición de personas en nuestro país. Las mesas de trabajo realizadas del 22 al 24 de abril, más que un simple intercambio de ideas, fueron el escenario de un encuentro vital entre la experiencia desgarradora de las familias y la responsabilidad del Estado.

La incorporación de conceptos como "familia social" y el "enfoque diferenciado" no son meros tecnicismos legales; son el reconocimiento de la diversidad de realidades que viven las víctimas y la necesidad de adaptar las políticas públicas a sus circunstancias específicas. Imaginemos a una madre que busca a su hijo desaparecido, que además pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+. Su búsqueda no solo enfrenta la angustia de la ausencia, sino también la discriminación y la falta de comprensión de un sistema que muchas veces la invisibiliza. El enfoque diferenciado busca precisamente atender estas particularidades, brindando herramientas y estrategias adaptadas a las necesidades de cada grupo.

La protección de datos personales, el fortalecimiento de las capacidades de búsqueda y las mejoras en la gestión de la crisis forense, son avances significativos que demuestran la voluntad política del gobierno para abordar la problemática de la desaparición de manera integral. No se trata solo de encontrar a las personas desaparecidas, sino de hacerlo con respeto a sus derechos y a la dignidad de sus familias. La crisis forense, con su acumulación de cuerpos sin identificar, es una herida abierta en nuestra sociedad. Fortalecer las capacidades en esta área es crucial para brindar respuestas a las familias que buscan incansablemente a sus seres queridos.

Sin embargo, el camino aún es largo. El comunicado emitido por los colectivos no solo celebra los avances logrados, sino que también exhorta al Congreso de la Unión a considerar estos acuerdos en la dictaminación de las reformas. Se reconoce que el proceso legislativo es complejo y requiere la participación de diversas voces, pero se insiste en la importancia de mantener el espíritu de colaboración y la mirada de las familias en el centro de la discusión. No se puede legislar sobre la desaparición sin escuchar a quienes la viven en carne propia.

Más allá de las reformas legales, la construcción de políticas públicas efectivas requiere un compromiso constante por parte de todos los actores involucrados. Se necesita una implementación cabal, con un enfoque de derechos humanos, que trascienda los periodos de gobierno y se convierta en una política de Estado. La participación de organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas y el Contingente contra las Desapariciones de Personas LGBTTTIQ+, es fundamental para asegurar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de las víctimas.

La búsqueda de personas desaparecidas no es solo una tarea de las familias y los colectivos; es una responsabilidad de toda la sociedad. Construir un país con paz y justicia, donde nadie desaparezca, requiere un esfuerzo conjunto, una apuesta por la esperanza y la convicción de que, a través del diálogo y la colaboración, podemos encontrar a todas y todos los que faltan. La política pública debe ser un instrumento para la transformación social, un camino hacia la construcción de una sociedad más justa, más libre y más humana.