La declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abre un debate crucial sobre la independencia judicial y la lucha contra la corrupción en México. Su afirmación de que la reforma no busca control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, sino una auténtica autonomía, resuena con la histórica demanda ciudadana por un sistema judicial imparcial y efectivo. Recordemos que durante décadas, la percepción de corrupción e impunidad ha minado la confianza de la población en las instituciones de justicia. La promesa de un Poder Judicial verdaderamente independiente, donde las decisiones se basen en la ley y no en influencias políticas o económicas, es un anhelo largamente esperado.

La mención de la Presidenta sobre una "Corte muy corrupta" es una acusación grave que exige una profunda reflexión. Si bien es cierto que no todos los ministros, jueces y magistrados han incurrido en actos de corrupción, la existencia de estos casos, incluso en las más altas esferas del Poder Judicial, ha generado un profundo daño a la credibilidad del sistema. La impunidad, la falta de transparencia y la percepción de que la justicia se aplica de manera selectiva, han erosionado la confianza ciudadana y han contribuido a la polarización social.

La reforma al Poder Judicial, que contempla la elección popular de ministros, magistrados y jueces, representa un cambio significativo en el sistema. Este mecanismo, sin precedentes en la historia reciente de México, busca dotar de mayor legitimidad democrática al Poder Judicial y acercar la justicia a la ciudadanía. La idea de que el pueblo elija directamente a quienes imparten justicia es un concepto innovador que promete empoderar a la sociedad y fortalecer el Estado de derecho. Sin embargo, también plantea importantes desafíos, como la necesidad de garantizar la imparcialidad y la capacidad de los candidatos electos, así como la prevención de la influencia de intereses políticos o económicos en el proceso electoral.

La búsqueda de un Poder Judicial autónomo, imparcial y accesible para todos los ciudadanos, independientemente de su condición social o económica, es un objetivo fundamental para la consolidación de la democracia en México. La reforma propuesta representa un paso importante en esa dirección, pero su éxito dependerá de la implementación efectiva de mecanismos de control y transparencia, así como de la participación activa de la sociedad en la vigilancia y el escrutinio del desempeño del Poder Judicial.

Es vital que la sociedad civil se involucre en este proceso, exigiendo rendición de cuentas y promoviendo la cultura de la legalidad. La educación cívica y la formación de una ciudadanía crítica y participativa son fundamentales para fortalecer el Estado de derecho y construir un sistema judicial que garantice la justicia para todos. El futuro del Poder Judicial en México depende, en gran medida, de la capacidad de la sociedad para exigir y defender su derecho a una justicia imparcial, transparente y accesible. La promesa de un Poder Judicial al servicio del pueblo, libre de corrupción e influencias indebidas, es un desafío que requiere el compromiso y la participación de todos.