La sombra de la duda se cierne sobre la justicia mexicana. La reciente jornada electoral, destinada a elegir a quienes deberían ser garantes de la ley, se ha convertido en un reflejo preocupante de la desafección ciudadana. Las cifras hablan por sí solas: una participación que apenas rozó el 13% del padrón electoral, un abrumador silencio de casi nueve de cada diez mexicanos que decidieron no acudir a las urnas. Este dato no es una simple estadística, es un grito ahogado, un síntoma de la profunda desconfianza que se ha sembrado en el corazón del sistema judicial.

Desde Coparmex, donde participamos activamente en la observación ciudadana, fuimos testigos directos de las irregularidades que marcaron la jornada. Nuestros más de 200 observadores, debidamente capacitados por el INE, documentaron un panorama desolador: casillas que abrieron tarde, falta de funcionarios, e incluso la presencia de los tristemente célebres "acordeones", intentando manipular la voluntad popular. Estos incidentes, lejos de ser casos aislados, confirman lo que veníamos advirtiendo: un modelo electoral opaco, mal diseñado, incapaz de responder a las necesidades de un sistema de justicia que clama por una reforma profunda.

La legitimidad de los jueces y magistrados electos se ve seriamente comprometida. Un proceso electoral con tan baja participación no puede ser la base sobre la que se construya la confianza en la justicia. La priorización de la popularidad por encima de la capacidad técnica, la sombra de la presión política en un ámbito que debería ser un santuario de la imparcialidad, son heridas profundas que ponen en riesgo la autonomía del Poder Judicial.

Las consecuencias de esta crisis de confianza trascienden el ámbito jurídico. La incertidumbre generada impacta directamente en el desarrollo económico y social. ¿Qué inversionista confiará su capital en un país donde la justicia no ofrece garantías? ¿Cómo podemos aspirar a un crecimiento sostenido si los cimientos del Estado de Derecho se tambalean? Las leyes, por bien redactadas que estén, son papel mojado si quienes las aplican carecen de credibilidad e independencia.

No podemos permitir que este modelo electoral se repita. Los recortes presupuestales al INE, la reducción de casillas, la presión indebida sobre el organismo electoral, son señales alarmantes que nos conducen por un camino peligroso, un camino hacia procesos cada vez menos transparentes y con una participación ciudadana aún más menguada.

Es hora de actuar con decisión y responsabilidad. El primer paso es sistematizar y analizar a fondo los hallazgos de la observación ciudadana, para comprender la magnitud del problema y sus causas. A partir de este diagnóstico, debemos impulsar una nueva propuesta de reforma judicial, basada en las mejores prácticas internacionales y con la participación plural de expertos en la materia. La transparencia y la participación ciudadana deben ser los pilares de esta reforma.

Fortalecer la observación permanente del nuevo Poder Judicial es crucial para garantizar su correcto funcionamiento y prevenir futuras irregularidades. Asimismo, es fundamental promover espacios de diálogo institucional que permitan construir consensos y fortalecer la confianza en la justicia.

La elección judicial del 1 de junio no puede ser un capítulo olvidado en nuestra historia. Debe ser un punto de inflexión, un llamado a la acción para construir un sistema judicial sólido, independiente y confiable. Solo así podremos garantizar la protección de los derechos de todos los mexicanos, atraer inversiones y construir un Estado de Derecho que responda a las legítimas expectativas de la sociedad. El futuro de México depende de ello.