La protección de la infancia no es una opción, es una obligación. Los datos son alarmantes y nos obligan a actuar con urgencia y determinación. México, lamentablemente, encabeza las estadísticas de abuso sexual infantil en la OCDE. Imaginen: cinco de cada diez niñas y uno de cada diez niños en nuestro país han sufrido este terrible crimen. Y lo más preocupante es que en la gran mayoría de los casos, el agresor es alguien conocido, alguien del círculo cercano, incluso dentro del propio hogar. Esto nos habla de una tragedia que se desarrolla en la intimidad, en la supuesta seguridad del entorno familiar, rompiendo la confianza y dejando cicatrices profundas en la vida de las víctimas.

Las cifras de atención médica por violencia sexual en menores de edad han aumentado exponencialmente en los últimos años, un incremento que nos debe avergonzar como sociedad. Y si nos detenemos a analizar, vemos que la gran mayoría de las víctimas son niñas, lo que confirma la dimensión de género de este delito. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta realidad.

Por ello, se ha presentado una iniciativa de reforma que busca fortalecer el marco legal y proteger a nuestros niños y niñas. Esta reforma se centra en tres ejes fundamentales:

En primer lugar, se propone la prisión preventiva oficiosa para los imputados por abuso sexual infantil. No se trata de criminalizar anticipadamente, sino de garantizar que el proceso judicial se desarrolle con la seriedad que el caso amerita, protegiendo a las víctimas de posibles represalias y evitando que el presunto agresor evada la justicia. Es una medida necesaria para asegurar la integridad de los menores durante el proceso.

El segundo eje se enfoca en la prevención. Se propone la verificación obligatoria de antecedentes penales para todas las personas que trabajen con menores, tanto en instituciones públicas como privadas. Esta medida, simple pero eficaz, permitirá detectar y prevenir potenciales riesgos, creando entornos más seguros para nuestros niños y niñas. La constancia de no antecedentes penales será gratuita para estos fines, facilitando su implementación y garantizando el acceso a la información.

Finalmente, se plantea la denegación de la libertad condicional para los sentenciados por abuso sexual infantil. La gravedad de este delito, el daño irreparable que causa en las víctimas, exige que se cumpla la condena íntegramente en prisión. No podemos permitir que la libertad anticipada se convierta en una puerta de salida para quienes han cometido estos crímenes atroces. La sociedad exige justicia y medidas ejemplares que disuadan a los agresores.

Esta reforma no nace de la sospecha, sino de la necesidad de proteger a la infancia. En un país con tantas desigualdades, garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas es una prioridad ineludible. Es nuestro deber ético y moral construir un México donde puedan crecer libres de violencia y abuso. Esta iniciativa se alinea con los tratados internacionales que México ha firmado, reafirmando nuestro compromiso con la protección de los derechos de la niñez.

Las medidas propuestas no son extremas, son necesarias. Priorizan el interés superior de la niñez y buscan garantizar su bienestar. Legislar por la niñez es legislar por el futuro de nuestro país. Si queremos un México más justo, más seguro y más próspero, debemos comenzar por proteger a quienes son más vulnerables. Esta iniciativa es un llamado a la conciencia, a la acción y a la corresponsabilidad de todos. Es una invitación a unirnos en la construcción de un futuro mejor para las nuevas generaciones. No podemos permitir que la tragedia del abuso sexual infantil continúe en la sombra. Debemos hablar, denunciar y actuar para erradicar este flagelo de nuestra sociedad.