La irrupción de la ciencia y la tecnología en nuestras vidas es un hecho innegable. Si bien estas herramientas nos brindan la posibilidad de optimizar procesos y recursos, incluso en tareas tradicionalmente humanas, su avance vertiginoso nos coloca ante un escenario de incertidumbre jurídica. Nos encontramos frente a conceptos que trascienden el ámbito legal tradicional, adentrándose en la neurociencia, el pensamiento complejo y, por supuesto, la tecnología misma.

Desde el ámbito de la enseñanza del Derecho, estas nuevas áreas del conocimiento representan una oportunidad invaluable. Podemos aprovecharlas para fortalecer los procesos cognitivos de nuestros estudiantes, innovar en la pedagogía y fomentar la creatividad en el aula. Imaginemos un aprendizaje más autónomo, donde las diferentes generaciones de conocimiento se fusionen para cuestionar la realidad desde una perspectiva más estructurada. La tecnología nos permite analizar sentencias y jurisprudencia con mayor eficiencia, identificar criterios jurídicos clave y acercar la justicia a la sociedad en un lenguaje más accesible. Incluso la investigación académica, tanto cualitativa como cuantitativa, se ve beneficiada por la automatización de procesos que antes requerían una inversión de tiempo considerable. Sin duda, el uso de estas herramientas puede dar lugar a clases más dinámicas y a mejores resultados de aprendizaje.

Sin embargo, como toda innovación, la incorporación de la tecnología al ámbito jurídico también presenta desafíos. El Derecho, tradicionalmente formal y apegado a la norma escrita, se ha mostrado reticente a la influencia de otras disciplinas. Recordemos que hace apenas unos siglos se debatía la pertinencia de considerar la moral o la realidad social en la aplicación de la ley. La incorporación de la sociología y otras ciencias sociales al estudio del Derecho fue un proceso gradual y no exento de resistencias. Hoy en día, es indiscutible la interrelación entre el Derecho y otras áreas del conocimiento. La moral no solo es compatible con el Derecho, sino que las normas jurídicas están imbuidas de valores y principios. Pensar en los derechos fundamentales sin esta perspectiva sería imposible. Estos derechos, intrínsecamente ligados a la dignidad humana, no se resuelven únicamente desde la dicotomía de lo permitido y lo prohibido. Su interpretación requiere considerar el contexto individual y social, el modo de vida, la situación económica, la experiencia personal, el género y la condición de salud de las personas, entre otros factores.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) se presenta como un nuevo desafío para el Derecho y los tribunales. Cada vez más litigios llegarán a las cortes para resolver las dudas sobre su implementación, sus límites y las implicaciones jurídicas de los espacios cibernéticos y tecnológicos. La IA, creada por la inteligencia humana, genera nuevos escenarios que requieren la intervención del Estado para garantizar la protección de los derechos fundamentales. Es necesario prevenir la transgresión de la norma jurídica y combatir la violencia y los delitos que puedan cometerse en estos espacios. Un ejemplo reciente es el reconocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la validez constitucional de una ley en Zacatecas que considera la violencia cibernética como una forma de violencia que atenta contra el interés superior del menor.

Otro aspecto relevante es la definición de los contenidos relevantes en esta evolución tecnológica. El Tribunal Constitucional, al validar una porción normativa del Código Penal de Sinaloa, ha reconocido el delito de violación a la intimidad sexual a través de la manipulación de imágenes, audios o videos de contenido sexual mediante herramientas digitales. Este tipo de manipulaciones puede generar hechos falsos que atentan contra los derechos de las personas.

Incluso en el ámbito electoral, la IA ha generado debates jurídicos. La Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral de negar la identidad jurídica sintética a un metahumano y, consecuentemente, la expedición de su credencial para votar. Esta decisión plantea interrogantes sobre el sesgo antropocéntrico de la autoridad electoral y la necesidad de una interpretación progresiva de los derechos político-electorales en el contexto de la IA.

Finalmente, no podemos ignorar la brecha digital, que no solo es generacional, sino también derivada de la accesibilidad a la tecnología. La imposibilidad de acceder a estas herramientas puede generar exclusión y discriminación, especialmente para los sectores más desfavorecidos. El principio de universalidad enfrenta importantes desafíos en este nuevo escenario tecnológico.