La tensión se palpa en las calles de Puebla tras la aprobación de la polémica "Ley Casco". Una ola de indignación recorre a la comunidad motociclista, que ayer alzó la voz en una enérgica protesta frente al Congreso del Estado. El detonante: la nueva normativa que obliga a los conductores de motocicletas a portar un número de identificación en sus cascos. Esta medida, impulsada por la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Jucopo, ha generado un fuerte rechazo, considerada por muchos como un atentado contra sus libertades y una carga económica innecesaria.

La chispa que encendió la mecha de la protesta fue la percepción de abandono por parte de los motoclubs tradicionales, quienes, según denuncian los manifestantes, no se han solidarizado con la causa de los repartidores de aplicaciones, los principales afectados por esta nueva legislación. Mientras los colectivos de motociclistas bloqueaban la calzada Zaragoza en ambos sentidos, expresando su descontento y exigiendo la reconsideración de la ley, la ausencia de los grupos más representativos del motociclismo poblano resonaba con fuerza. ¿Se trata de una fractura dentro del colectivo motociclista? ¿O simplemente una estrategia diferente ante la nueva realidad? Lo cierto es que la imagen de los repartidores luchando en solitario contra la "Ley Casco" ha calado hondo en la opinión pública.

La diputada García Chávez, a través de su cuenta de X, defiende la medida argumentando que promover calles seguras es una prioridad y un derecho para todos. Sin embargo, sus palabras parecen no convencer a los manifestantes, quienes ven en la "Ley Casco" una medida recaudatoria más que una auténtica apuesta por la seguridad vial. A la obligatoriedad del número en el casco se suman otros cambios que añaden presión al bolsillo de las familias poblanas: la sustitución de placas y tarjetas de circulación, un gasto adicional que, según la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, golpea directamente la economía de los hogares.

La nueva tarjeta de circulación, además, deberá especificar el número máximo de pasajeros permitidos en la motocicleta y si se trata de un vehículo particular o destinado a la paquetería. Asimismo, se establece la obligación de circular con las luces encendidas en todo momento, una medida que, si bien busca incrementar la visibilidad de las motocicletas y prevenir accidentes, se suma a la lista de exigencias que han generado malestar entre los conductores.

Inicialmente, la reforma incluía la obligatoriedad del chaleco reflejante tanto para motociclistas particulares como para repartidores. Tras intensas mesas de trabajo con diputados, se logró limitar esta medida únicamente a los repartidores, quienes deberán portar un chaleco con al menos un 20% de material antirreflejante. Este pequeño triunfo para los motociclistas particulares no ha logrado, sin embargo, apaciguar la indignación generalizada ante lo que consideran una ley injusta y desproporcionada.

El plazo para la aplicación de estas nuevas normas es de 9 meses a partir de su aprobación, el pasado 18 de junio. Un periodo que se presenta como un campo de batalla en el que la comunidad motociclista buscará replantear la "Ley Casco" y defender sus derechos. La pregunta es: ¿lograrán hacerse escuchar antes de que el tic-tac del reloj marque la hora cero?