La jornada electoral del 1º de junio de 2025 quedará grabada en los anales de la historia mexicana. Millones de ciudadanos, con la convicción democrática que caracteriza a nuestro pueblo, acudieron a las urnas para elegir, por primera vez de manera directa, a los encargados de impartir justicia en la Suprema Corte y otros órganos judiciales fundamentales. Imaginen la escena: más de 458 millones de votos contabilizados en 83,956 casillas a lo largo y ancho del país. Una auténtica hazaña orquestada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que, a pesar de las limitaciones presupuestales y el complejo panorama político, logró llevar a cabo un proceso impecable. Sin embargo, y como lamentablemente se ha vuelto costumbre, surgen voces que intentan sembrar la discordia y deslegitimar la voluntad popular. En esta ocasión, el consejero Arturo Castillo Loza, sin presentar pruebas contundentes, ha osado cuestionar la validez de la elección basándose en simples "indicios". Su argumento, al ser analizado con detenimiento, se desmorona como un castillo de naipes.

Recapitulemos: el 1º de junio, millones de mexicanos participaron en una jornada electoral pacífica y organizada. Eligieron a nueve ministras y ministros de la Suprema Corte, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, dos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 de Salas Regionales y decenas de magistraturas y jueces federales. El INE, con los recursos limitados que tenía a su disposición, instaló casi 84 mil casillas, capacitó a más de 776 mil funcionarios y gestionó 600 millones de boletas mediante un sistema de cómputo de vanguardia, desarrollado en tiempo récord: tan solo tres meses.

Las cifras hablan por sí solas: apenas un 0.97% de las casillas (818) presentó incidentes que motivaron su exclusión del cómputo. Los votos nulos para la elección de la Corte representaron un mínimo 0.82% del total. El 15 de junio, en un acto que simboliza la consolidación de nuestra democracia, el INE entregó las constancias de mayoría. Un momento histórico: Hugo Aguilar Ortiz, indígena mixteco, se convirtió en el primer presidente de la Corte con raíces indígenas. Una Corte con mayoría de mujeres y un presidente indígena: una imagen que refleja el México plural y diverso que aspiramos a construir.

Ante este panorama de legitimidad y transparencia, la postura del consejero Castillo resulta desconcertante. Su argumento se centra en la existencia de "acordeones" –guías de votación difundidas en redes sociales y en las calles– que, según él, coinciden en un 80-85% con los candidatos ganadores. Insinúa que esto podría ser indicio de una campaña orquestada e ilegal. Pero la pregunta clave es: ¿dónde están las pruebas? Castillo solo presenta "indicios" vagos y se contradice al admitir que podría tratarse de una campaña legal "impecablemente exitosa". Si no existen pruebas de financiamiento ilegal, coacción o manipulación, ¿de qué se acusa exactamente a las candidaturas?

La inconsistencia en el razonamiento del consejero es evidente. Si consideraba que existían irregularidades tan graves, ¿por qué no presentó denuncias formales ante la Fiscalía o el Tribunal Electoral? ¿Por qué propone no validar la elección si, como él mismo reconoce, esto no impediría la entrega de las constancias y la toma de posesión de los cargos? Su propuesta carece de consecuencias legales, pero sí tiene un impacto negativo: genera desinformación y erosiona la confianza en las instituciones.

Lo más paradójico es que, en la misma sesión donde cuestionó la validez de la elección, Castillo elogió al INE por su organización ejemplar. Reconoció su capacidad técnica y operativa, pero al mismo tiempo pidió que no se validara el resultado. Una contradicción flagrante. Si el INE realizó un trabajo impecable, ¿por qué cuestionar el resultado? Si el supuesto problema es externo al INE, ¿cómo puede atribuirse la responsabilidad al árbitro electoral?

Los datos desmienten cualquier narrativa de fraude: las casillas anuladas ya fueron excluidas del cómputo, los votos nulos se encuentran dentro de los rangos normales y no existe una sola prueba que demuestre que los "acordeones" hayan influido en el resultado. Aunque Castillo insiste en que su propuesta no tiene relación con las 818 casillas anuladas, las menciona constantemente, alimentando la suspicacia. Esas casillas representan menos del 1% del total y fueron retiradas conforme a la ley. No existe un patrón sistemático ni zonas afectadas de forma significativa. Se trata, como suele ocurrir en procesos de esta magnitud, de errores humanos inevitables. Utilizarlos como pretexto para cuestionar todo el proceso es una irresponsabilidad.

La postura de Castillo tiene consecuencias preocupantes en la opinión pública. Su narrativa genera confusión y desconfianza. En redes sociales, muchos interpretaron que pretendía anular la elección. Y aunque él lo niegue, el daño ya está hecho. En lugar de aportar claridad, el consejero siembra dudas sin fundamento. La elección judicial no solo fue una proeza técnica, sino un hito histórico. Una Suprema Corte con mayoría femenina, encabezada por un presidente indígena, representa un avance significativo hacia una justicia más representativa y legítima. El INE, bajo el liderazgo de Guadalupe Taddei, demostró su solidez institucional. Lo que necesitamos ahora son consejeros que respeten esa labor, no que la contradigan sin pruebas y alimenten la narrativa de una oposición que, una vez más, fue derrotada en las urnas. Si no, pregúntenles a los candidatos que el PRI, el PAN, MC e incluso el extinto PRD y organizaciones que hoy piden su registro como partidos políticos, avalados por exfuncionarios electorales, promovieron, casualmente, también con "acordeones". Si Arturo Castillo tiene pruebas, que las presente. Si no las tiene, que deje de sembrar dudas. México necesita instituciones fuertes, no fuegos artificiales de sospecha. Y al pueblo, que nadie le quite la voz: 458 millones de votos, emitidos por casi 13 millones de ciudadanos, no se equivocan.