La inoperancia de la planta tratadora de aguas residuales en Celaya, Guanajuato, se ha convertido en un escándalo de proporciones considerables. Inaugurada con gran pompa en septiembre de 2024 por el entonces alcalde Javier Mendoza Márquez, la planta, con un costo de casi 13 millones de pesos, no ha tratado ni una sola gota de los 2.6 millones de litros que prometía procesar mensualmente. La razón esgrimida por la actual directora de Servicios Municipales, María de San Juan Espinosa Bolaños, es la falta de conexión a la red eléctrica, a pesar de que, según ella, los pagos ya se realizaron y solo se espera la liberación del contrato por parte de la CFE. Nueve meses de inactividad, una inversión millonaria desperdiciada y un problema de contaminación sin resolver, pintan un panorama desolador. La promesa del actual alcalde, Juan Miguel Ramírez Sánchez, de ponerla en marcha "en un mes" —para realizar pruebas, no para operar— suena a justificación tardía y a una preocupante falta de prioridad por el saneamiento del agua. ¿Será que la prisa por inaugurar obras antes del fin del trienio pesa más que la salud pública? O peor aún, ¿existe una posible complicidad con la administración anterior para encubrir irregularidades? Las sospechas de que Ramírez Sánchez esté "de tapadera" del ex alcalde Mendoza Márquez, comienzan a circular entre la ciudadanía, generando aún más desconfianza en la gestión pública.

En San Luis Potosí, la gestión del alcalde Enrique Galindo Ceballos está bajo fuego. Reprobado por la ciudadanía en la más reciente evaluación nacional de alcaldes de ciudades grandes, con una calificación promedio de 5, Galindo ocupa el lugar 27 del ranking. Los potosinos han expresado su descontento, no solo por la falta de resultados en materia de seguridad y servicios públicos, sino también por los escándalos que rodean su administración. Contratos inflados, irregularidades en el sistema de parquímetros y la adjudicación directa a sobreprecio de pipas de agua a una empresa vinculada a viejos grupos panistas, son solo algunos de los señalamientos que pesan sobre el alcalde. El Congreso local, ante la gravedad de las acusaciones, ha solicitado una auditoría especial. La promesa de orden y resultados con la que llegó Galindo, respaldado por el PRI y el PAN, se ha desvanecido en un mar de desconfianza y desgaste. La realidad en las calles, y ahora también en los rankings, confirma lo que la ciudadanía percibe: una gestión fallida.

En Nuevo León, la impunidad tiene nombre y apellido: Jorge “N”. Acusado de abuso sexual por dos hermanas, Samantha y Paulina Rodríguez, quienes fueron sus alumnas de taekwondo, el presunto agresor continúa impartiendo clases a niñas y niños en Escobedo, como si nada hubiera ocurrido. Las víctimas aseguran haber sido agredidas entre 2013 y 2017, una de ellas siendo menor de edad en el momento de los hechos. A pesar de que la denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en 2021, el caso sigue empantanado. Cuatro años de dilaciones, audiencias pospuestas, incluso la ausencia del imputado sin consecuencias reales, demuestran la ineficacia y la posible complicidad del sistema judicial. La jueza, a pesar de haber ordenado la aprehensión de Jorge “N” e imponerle una multa, no ha logrado que se haga justicia. Samantha, una de las víctimas, ha denunciado públicamente la inacción de las autoridades y la impunidad con la que el acusado se maneja. La Fiscalía, encabezada por Javier Flores Saldívar, está en el ojo del huracán por permitir que este tipo de situaciones continúen ocurriendo. Ante la falta de respuesta a nivel local, las hermanas Rodríguez han anunciado que llevarán su caso a instancias federales e internacionales, dispuestas a luchar hasta que se les escuche y se haga justicia. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántas víctimas más tendrán que alzar la voz para que las autoridades de Nuevo León tomen cartas en el asunto y dejen de proteger a los agresores?