El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en sus últimos coletazos antes de su desaparición, ha asestado un duro golpe a Telcel con una megamulta de 1,782 millones de pesos. Esta sanción, la más cuantiosa desde la reforma de 2013, se suma a una larga lista de resoluciones que han marcado la tensa relación entre el regulador y la filial de América Móvil, comandada por Daniel Hajj. La multa, resultado de una investigación por prácticas monopólicas relativas, se originó a raíz de una denuncia de AT&T, asesorada por el expresidente del IFT, Gabriel Contreras. La trama se complica al involucrar a Oxxo, propiedad de FEMSA, acusada de mantener una supuesta exclusividad con Telcel para la venta de tarjetas SIM, a cambio de beneficios y en detrimento de la competencia. Este polémico caso ha generado fuertes desacuerdos dentro del propio IFT, cuestionando la solidez de las pruebas presentadas y la rigurosidad técnica de la investigación. Algunos comisionados han señalado la incongruencia de la sanción, considerando que AT&T también ha mantenido acuerdos comerciales con Oxxo durante años sin que esto haya implicado un desplazamiento de competidores. Se percibe, en el aire, un aroma a motivación política: una despedida con fuegos artificiales por parte de un IFT que, a pesar de las numerosas regulaciones impuestas a Telcel, no logró modificar sustancialmente su participación en el mercado. Este último acto, más que una demostración de fuerza, parece un intento de “lavar cara” ante un balance de fracasos que, en gran medida, justifica la desaparición del organismo y la transferencia de sus funciones a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Por otro lado, la sombra de la controversia se cierne sobre el Tribunal de Justicia de la CDMX. El expresidente Edgar Elías Azar, figura influyente que se mueve como si aún ostentara el cargo, es señalado por tráfico de influencias en una sentencia millonaria contra una multinacional del sector alimenticio. La Magistrada Rosalba Guerrero, de la Quinta Sala Civil, habría condenado a la empresa al pago de mil millones de pesos, siguiendo las instrucciones de Elías Azar, en un caso vinculado con “The Coffee Bar” y el uso del nombre Mokaccino. La celeridad con la que se dictó la sentencia, y la posterior incapacidad de la Magistrada para resolver las apelaciones preventivas por violaciones procesales, levantan sospechas sobre la legitimidad del proceso. Este escándalo judicial ha captado la atención del gobierno mexicano y de gobiernos extranjeros, poniendo a la Magistrada bajo la lupa del Consejo de la Judicatura. En los círculos legales se rumorea que este tipo de prácticas y resoluciones fueron el detonante para que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum impulsaran la polémica reforma judicial.

Mientras tanto, el mundo de la energía se debate en torno al impacto de la Inteligencia Artificial. En el reciente Global Energy Forum del Atlantic Council, expertos como Julian Mylchreest, del Bank of America, y Tania Ortiz Mena, de Sempra Infraestructura, analizaron el creciente consumo energético de los centros de datos que alimentan modelos como GPT-4. Se estima que para 2030, estos centros podrían representar el 5% del consumo eléctrico global, con un crecimiento anual de entre el 10% y el 15%. Si bien las energías renovables son un factor clave, se reconoce su insuficiencia para cubrir esta demanda. El gas natural emerge como la alternativa más viable, desplazando combustibles de alto impacto ambiental y garantizando un suministro estable. En este contexto, se subraya la urgencia de desarrollar infraestructuras estratégicas como gasoductos y terminales, para alinear la política energética nacional con las tendencias globales.

Finalmente, la tensión crece en Pemex. Contratistas y trabajadores de la Refinería Minatitlán cumplen 40 días de protestas por la falta de pago de sus servicios. La petrolera, dirigida por Víctor Rodríguez, mantiene un adeudo de 2,200 millones de pesos desde hace 14 meses, correspondiente a trabajos de reparación y mantenimiento en Minatitlán y los complejos petroquímicos Cosoleacaque y Cangrejera. La falta de liquidez ha obligado a los proveedores a despedir a la mitad de su personal, mientras la petrolera parece hacer oídos sordos a sus reclamos. Se sabe que, mientras las empresas de la Zona Sur de Veracruz no han recibido ningún pago, sí se han realizado desembolsos a compañías de Campeche y Tabasco. Ante la inacción de Pemex, los manifestantes amenazan con llevar sus protestas a la Ciudad de México, uniéndose a otros grupos de contratistas que enfrentan la misma situación en diferentes partes del país.