La "Operación Frontera Norte" continúa dando resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado. Desde su inicio el 5 de febrero, la estrategia implementada por el Gabinete de Seguridad ha permitido desmantelar importantes redes delictivas, asegurando un arsenal considerable de armas, drogas y vehículos, y deteniendo a miles de personas involucradas en actividades ilícitas. Las cifras, actualizadas al 17 de junio de 2025, hablan por sí solas: 4,512 detenidos, 3,656 armas de fuego fuera de circulación, más de medio millón de cartuchos, y una cantidad significativa de droga, incluyendo el letal fentanilo. Más allá de los números, cada operación representa un golpe a las estructuras criminales, un paso adelante hacia la construcción de un país más seguro.

Es importante destacar el meticuloso trabajo realizado en Tijuana, donde la detención de cuatro individuos llevó al aseguramiento no solo de armas y drogas, sino también de elementos que apuntan a una posible suplantación de la autoridad: identificaciones y prendas apócrifas de una institución de procuración de justicia. Este hallazgo subraya la complejidad de las redes delictivas y la necesidad de una constante vigilancia. Además, la incautación de 30 relojes de alta gama sugiere la posible implicación en actividades de lavado de dinero, abriendo nuevas líneas de investigación para las autoridades.

La liberación de tres personas, incluyendo un menor de edad, en Ciudad Juárez, nos recuerda la dimensión humana de esta lucha. Detrás de las cifras y los operativos, hay vidas afectadas por la violencia y la coacción. El rescate de estas víctimas es una muestra tangible del compromiso del Gobierno con la protección de los ciudadanos. En paralelo, la detención de un individuo y el aseguramiento de armamento en la misma ciudad refuerza la estrategia de desarticulación de las células criminales que operan en la zona.

Desde Apodaca hasta Culiacán, pasando por Escuinapa y Hermosillo, la "Operación Frontera Norte" se extiende a lo largo del territorio, desmantelando campamentos, laboratorios de droga e inhabilitando puntos estratégicos para la delincuencia. El impacto económico para estas organizaciones, estimado en 66 millones de pesos solo en Culiacán, demuestra la efectividad de las acciones emprendidas y la capacidad del Estado para debilitar sus finanzas.

La inhabilitación de dos áreas de producción de metanfetamina en Culiacán, con el aseguramiento de más de 3,000 litros de sustancias químicas, es un logro significativo. Esto no solo corta el suministro de esta droga, sino que también protege a la población de los riesgos ambientales y sanitarios asociados a su producción clandestina.

El desmantelamiento de campamentos en Escuinapa ofrece una visión de la logística y el modus operandi de la delincuencia organizada. El hallazgo de equipo táctico, junto con armas y municiones, sugiere la preparación y la capacidad de respuesta de estos grupos, lo que resalta la importancia de la labor de inteligencia y la coordinación entre las fuerzas de seguridad.

En Hermosillo, el aseguramiento de inmuebles utilizados por la delincuencia organizada representa un avance crucial en la desarticulación de sus redes de operación. Estos espacios, a menudo utilizados para el almacenamiento de armas, drogas o como centros de control, son piezas clave en la estructura criminal. Su incautación limita la capacidad de acción de estos grupos y dificulta su reorganización.

Es fundamental destacar que todas estas acciones se llevan a cabo en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. La lucha contra el crimen organizado no puede estar desligada del compromiso con la legalidad y la protección de la ciudadanía. La "Operación Frontera Norte" es un ejemplo de cómo la firmeza en la aplicación de la ley puede combinarse con el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. La transparencia en la información y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de esta estrategia, que busca no solo combatir la delincuencia, sino también fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones.