La publicación del listado de deudores alimentarios en la Ciudad de México ha generado un intenso debate público, abriendo una ventana a la compleja realidad que enfrentan miles de familias. Más allá de los 1,547 nombres que figuran en él, esta iniciativa pone de manifiesto la urgente necesidad de garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, quienes a menudo se ven afectados por la irresponsabilidad de quienes eluden sus obligaciones. La Consejera Jurídica, Eréndira Cruz, ha sido enfática al afirmar que esta acción no es una medida arbitraria, sino una obligación legal amparada por la Ley General para niños, niñas y adolescentes. Se trata de un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas, que busca empoderar a las madres y brindarles las herramientas necesarias para exigir el cumplimiento de los derechos de sus hijos.

El acceso a la información es un pilar fundamental en un Estado de Derecho. En este caso, la publicación del listado no solo visibiliza la problemática, sino que también funciona como un mecanismo de presión social. Al exponer públicamente a quienes incumplen con sus responsabilidades, se busca incentivar el pago de las pensiones alimenticias y, a su vez, disuadir a futuros deudores. Es una medida que apela a la conciencia ciudadana y a la responsabilidad individual, recordándonos que la manutención de los hijos no es una opción, sino una obligación legal y moral.

La perspectiva de género es crucial en la interpretación y aplicación de la ley. La Consejera Jurídica ha hecho hincapié en la necesidad de que los juzgadores consideren las circunstancias específicas de las madres que luchan por el bienestar de sus hijos. Muchas veces, estas mujeres se enfrentan a un sistema judicial complejo y burocrático, que puede resultar abrumador y desalentador. Por ello, es fundamental que las autoridades judiciales actúen con sensibilidad y empatía, garantizando un acceso efectivo a la justicia y una pronta resolución de los casos.

La analogía que establece la Consejera Jurídica entre la sanción a los franeleros y la aplicada a quienes infringen el programa "Conduce sin Alcohol" es significativa. Ambas conductas, aunque de distinta naturaleza, representan una falta de respeto al espacio público y a las normas de convivencia ciudadana. Si bien apartar lugares en la vía pública no conlleva las mismas consecuencias que conducir bajo los efectos del alcohol, se trata de una infracción que afecta la movilidad y el orden en la ciudad. La aplicación de sanciones administrativas, como el arresto de hasta 36 horas, busca disuadir estas prácticas y promover una cultura cívica más responsable.

La lucha contra la deuda alimentaria es una tarea que requiere la participación de todos los actores sociales. Desde el gobierno, con la implementación de políticas públicas efectivas y la difusión de información, hasta la sociedad civil, con la creación de redes de apoyo y la denuncia de los casos de incumplimiento. La publicación del listado de deudores alimentarios es un paso importante, pero no es suficiente. Es necesario seguir trabajando para construir un sistema que garantice el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y que haga efectiva la justicia para quienes más la necesitan. El mensaje es claro: los derechos de los niños no se negocian, y la responsabilidad parental es una obligación ineludible.