La firme postura del Gobernador Pablo Lemus contra las invasiones de viviendas en Jalisco ha generado un intenso debate en torno a la propiedad privada y el derecho a la vivienda. Su rechazo a la política federal propuesta por el Infonavit, que busca regularizar la situación de quienes ocupan predios de forma ilegítima, abre un importante cuestionamiento sobre cómo equilibrar la necesidad de vivienda con la protección de los derechos de los propietarios. Mientras el Infonavit, a través de Octavio Romero Oropeza, argumenta que se busca brindar una solución a la problemática de las viviendas abandonadas y apoyar a los derechohabientes morosos, Lemus considera que esta medida sienta un peligroso precedente al legitimar la apropiación ilegal de propiedades.

La controversia se centra en la delgada línea que separa la necesidad social de vivienda y el respeto a la propiedad privada. ¿Es justificable permitir la ocupación de viviendas abandonadas, incluso si esto implica vulnerar los derechos de sus propietarios? ¿Cómo se puede garantizar que este tipo de políticas no incentive futuras invasiones y genere un clima de inseguridad jurídica? El caso de Jalisco, con zonas como el "Chernóbil mexicano" en Tlajomulco, ilustra la complejidad del problema. La existencia de un gran número de viviendas abandonadas, muchas de ellas producto de la crisis inmobiliaria y la violencia, crea un escenario propicio para las ocupaciones ilegales. Sin embargo, la solución propuesta por el gobierno federal no convence al mandatario estatal, quien la califica de injusta y perjudicial para la inversión y el desarrollo económico.

Lemus argumenta que la propiedad privada es un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado. Permitir la ocupación de viviendas, aunque estén abandonadas, sentaría un precedente negativo y fomentaría la impunidad. Además, señala que los propietarios de estas viviendas, en muchos casos, han invertido su capital y no merecen ser despojados de sus bienes. El Gobernador se apoya en el Código Penal de Jalisco, que tipifica el despojo de inmuebles como un delito punible con prisión y multas. Su postura es clara: la ley debe aplicarse con rigor y se debe perseguir a quienes ocupen ilegalmente viviendas ajenas.

Por otro lado, los defensores de la política del Infonavit argumentan que se trata de una medida necesaria para atender la crisis de vivienda y brindar una oportunidad a familias que no tienen acceso a una vivienda digna. Señalan que muchas de las viviendas abandonadas se encuentran en mal estado y que su regularización permitiría su rehabilitación y puesta en uso. Además, argumentan que los propietarios de estas viviendas, en muchos casos, las han abandonado y no tienen interés en recuperarlas.

La polémica está servida y el debate apenas comienza. La postura firme de Lemus contrasta con la propuesta del Infonavit, generando una tensión entre la defensa de la propiedad privada y la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda. El futuro de las viviendas abandonadas en Jalisco y en el resto del país dependerá de cómo se resuelva este complejo dilema. La solución requerirá de un diálogo constructivo entre las autoridades federales y estatales, así como de la participación de la sociedad civil y los propios afectados. ¿Se privilegiará la propiedad privada o el derecho a la vivienda? ¿Se encontrará un punto medio que satisfaga a ambas partes? El tiempo lo dirá.