La desesperanza se dibuja en los rostros surcados por la angustia. La búsqueda incansable, los días que se convierten en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. La ausencia se clava como una espina, una herida abierta que sangra en cada amanecer. El encuentro entre la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y los colectivos de familias de personas desaparecidas, se presenta como un tenue rayo de luz en medio de la tormenta. Un diálogo que, según Rodríguez, busca "fortalecer las acciones" y "llegar a la verdad y hacer justicia". Palabras que resuenan con la fuerza de la necesidad, la urgencia de encontrar respuestas, de cerrar ciclos, de sanar las heridas que desgarran el alma de un país.

La presencia del subsecretario Arturo Medina, el historiador Froylan Enciso, y representantes de diversas instituciones como la Fiscalía General de la República, la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, subraya la complejidad del problema. No se trata solo de buscar, sino de comprender las raíces de esta tragedia, de desentrañar las redes que la alimentan y de construir mecanismos que impidan su repetición. La historia, con su mirada crítica y analítica, se convierte en una herramienta indispensable para iluminar el presente y trazar un futuro donde la desaparición forzada no sea una constante.

Pero la esperanza se tambalea ante la cruda realidad. Mientras se busca a los ausentes, otros dramas se desarrollan en paralelo. La problemática de las propiedades invadidas añade otra capa de complejidad al panorama social. El programa del Infonavit, que busca ofrecer una solución a quienes ocupan viviendas de manera irregular, se enfrenta a un obstáculo insalvable: la justicia. Rosa Icela Rodríguez, con la firmeza que exige la situación, aclara que "ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia por despojo". La ley, como un muro infranqueable, separa la necesidad de una vivienda digna del respeto al derecho a la propiedad.

La línea que divide la legalidad de la justicia social se vuelve borrosa. Miles de familias buscan un techo donde cobijarse, mientras que otras ven vulnerado su derecho a la propiedad. El Infonavit, en un intento por conciliar ambas realidades, propone un esquema de renta con opción a compra. Una alternativa que, sin embargo, no alcanza a quienes tienen una carpeta de investigación abierta por despojo. La justicia, a veces ciega, a veces implacable, exige su tributo.

El gobierno, en un delicado equilibrio, busca la conciliación, la solución pacífica a los conflictos. Se apuesta por el diálogo, por la búsqueda de alternativas que eviten los desalojos violentos. Pero la sombra de la impunidad se cierne sobre el país. La necesidad de vivienda no puede justificar el atropello a la ley. El desafío es encontrar un camino que garantice el acceso a una vivienda digna sin vulnerar los derechos de los propietarios. Un camino que, sin duda, requiere de la participación de todos los actores involucrados: gobierno, instituciones, sociedad civil y, por supuesto, las familias que buscan un hogar y las que luchan por proteger el suyo. El futuro, incierto y complejo, exige soluciones creativas, valientes y, sobre todo, justas. La búsqueda de la verdad y la justicia, en todos los ámbitos, es el único camino para construir un país donde la esperanza tenga un lugar donde florecer.