La indignación recorre las redes sociales y las calles de Xochimilco tras el cruel ataque a dos indefensos gatitos. La denuncia de Lucía Hernández, activista por los derechos animales, ha puesto en el ojo del huracán la impunidad que, al parecer, ampara a un individuo que disparó con un rifle de diábolos a estas pequeñas criaturas, causándoles heridas devastadoras. Un gatito perdió un ojo, mientras que el otro aún lleva incrustado el proyectil, un doloroso recordatorio de la brutalidad que padeció. Imaginen el terror de estos animales, la indefensión ante semejante acto de barbarie. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, aún existan personas capaces de infligir semejante sufrimiento a seres tan vulnerables?

La Fundación Patitas Enlodadas A.C., una organización con una larga trayectoria en la defensa de los animales, ha unido su voz a la de la activista, exigiendo justicia y una respuesta contundente por parte de las autoridades. Han acompañado a los vecinos en la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público, aportando pruebas y testimonios que deberían ser suficientes para que se actúe con celeridad. Sin embargo, la realidad es desalentadora: el agresor continúa libre, con el arma en su poder, representando una amenaza latente no solo para otros animales, sino también para la comunidad. ¿Qué mensaje estamos enviando si permitimos que la crueldad quede impune? ¿Hasta cuándo la vida de los animales será considerada menos importante?

La ley es clara: en la Ciudad de México, maltratar a un animal es un delito que puede ser castigado con hasta dos años de prisión. Y en este caso, las agravantes son evidentes: el uso de un arma, la intencionalidad del ataque y las graves consecuencias para las víctimas. No se trata de un simple juego, ni de un accidente. Es un acto de violencia premeditada que debe ser juzgado con todo el rigor de la ley. Disparar a un ser vivo por simple diversión es una muestra de una profunda falta de empatía y una peligrosa señal de alerta que no podemos ignorar.

La Brigada de Vigilancia Animal, liderada por Mónica Garduño Ballesteros, tiene la responsabilidad de actuar de inmediato. No basta con atender llamadas de emergencia, se requiere una investigación exhaustiva que identifique al culpable, determine si existen otras víctimas y, sobre todo, garantice que este tipo de atrocidades no se repitan. La inacción de las autoridades no solo perpetúa la impunidad, sino que también fomenta la violencia. Es urgente que se tomen medidas para proteger a los animales y enviar un mensaje claro a la sociedad: la crueldad animal no será tolerada.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), junto con la Agencia de Atención Animal, deben intervenir de manera urgente en Xochimilco. Este no es un caso aislado. Numerosos reportes de maltrato animal en la zona indican un problema sistémico que requiere una solución integral. Es necesario implementar medidas de prevención, promover la educación y la concientización sobre el respeto a los animales y, por supuesto, aplicar la ley con firmeza para que los responsables de estos actos enfrenten las consecuencias de sus acciones. La protección de los animales es una responsabilidad compartida, y todos, como sociedad, debemos exigir justicia y un cambio real. El silencio nos hace cómplices.