El reciente debate en el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la validez de la elección judicial ha sacudido los cimientos del panorama político mexicano. Las acusaciones de inducción masiva al voto a través de los llamados "acordeones", el relleno de urnas, boletas sin doblar ni extraer, la inverosímil participación ciudadana del 110%, el robo de paquetes electorales que regresaron con votos ya marcados, y boletas numeradas a mano con la misma caligrafía, pintan un cuadro preocupante. Si bien se argumenta que estas irregularidades se limitaron a 818 de las más de 82 mil casillas instaladas, un porcentaje aparentemente ínfimo, la sombra de la duda se cierne sobre la legitimidad del proceso.

¿Es suficiente este argumento del "daño mínimo" para validar los resultados? La respuesta no es sencilla. Si bien el impacto numérico podría considerarse menor, la presencia de estas prácticas, que creíamos superadas en nuestra democracia, es una señal de alarma que no podemos ignorar. Más allá de las etiquetas de "exitosa" o "desastrosa", la elección judicial de 2023 debe servir como un parteaguas para la transformación del sistema. El proceso de 2027 exige una revisión profunda de las reglas y procedimientos, garantizando no solo la periodicidad, sino la libertad y autenticidad que manda nuestra Constitución.

El papel del INE en esta elección merece un análisis exhaustivo. Desde la delimitación de los distritos electorales, pasando por el diseño de la boleta, hasta la deficiente fiscalización, son aspectos que requieren una urgente revisión. A esto se suma la problemática del modelo de financiamiento, el fallido esquema de comunicación social y la incapacidad del INE para dar a conocer a las y los candidatos. Es evidente que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de asumir su rol reformador, corrigiendo las fallas y fortaleciendo la ruta hacia una verdadera democratización judicial.

Ahora, con la llegada de la etapa de judicialización, quienes estén legitimados podrán ejercer sus derechos y presentar los recursos correspondientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La resolución de estos recursos, sin duda, será un proceso complejo. Los actores involucrados son expertos en derecho con una reconocida capacidad profesional, lo que anticipa un debate jurídico de alto nivel. Se espera que se aborden cuestiones técnicas y legales de gran complejidad, que pondrán a prueba la solidez de nuestro sistema judicial.

El electorado mexicano debe reflexionar sobre la importancia de su voto en la elección del Poder Judicial. Es crucial exigir a las autoridades una mayor ciudadanización del proceso, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana en todas las etapas. Solo así podremos construir un sistema judicial verdaderamente democrático, donde la justicia sea un derecho accesible para todos y todas, y no un privilegio de unos cuantos. La democracia, como un organismo vivo, requiere de constante evolución y adaptación. Aprender de los errores y fortalecer las virtudes es el camino para consolidar un sistema electoral que refleje la voluntad ciudadana y garantice la legitimidad de nuestras instituciones.