Un cambio trascendental se avecina en el panorama de la seguridad en México. La aprobación en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de las reformas a la Guardia Nacional, con 22 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, marca un hito en la estrategia nacional contra la delincuencia. Esta decisión, que coloca a la Guardia Nacional bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ha generado un intenso debate en la esfera política y social del país.

La iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, no se limita a la Guardia Nacional. Se propone una modificación a ocho leyes, incluyendo la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Este ambicioso proyecto legislativo busca, según sus defensores, armonizar el marco jurídico y consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional y permanente, integrada por personal militar con formación policial y personal civil.

Se argumenta que la experiencia y la infraestructura de la SEDENA, acumulada durante más de un siglo, serán cruciales para fortalecer la disciplina, los valores y la capacitación de la Guardia Nacional. Se busca un cuerpo de seguridad con una identidad propia, regido por una doctrina policial civil, con un profundo respeto por los derechos humanos y el imperio de la ley. El objetivo final es construir una institución sólida y confiable, capaz de brindar seguridad y tranquilidad a la población mexicana a largo plazo.

Sin embargo, las voces críticas no se han hecho esperar. Sectores de la oposición denuncian la militarización del país y advierten sobre la posible inclusión de los cuerpos policiacos estatales y municipales bajo la influencia de las fuerzas armadas. Se cuestiona la constitucionalidad de la reforma y se expresa preocupación por el control que el poder ejecutivo podría ejercer sobre la Guardia Nacional. El fantasma de un Estado autoritario, donde las libertades civiles se ven amenazadas, es el argumento central de quienes se oponen a esta iniciativa.

El debate se centra también en la eficacia de la estrategia de seguridad. Mientras el partido en el poder argumenta que la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA previene la corrupción y fortalece la lucha contra el crimen organizado, la oposición cuestiona la efectividad de este modelo y recuerda casos de corrupción en el pasado vinculados a las fuerzas armadas. Se exige una estrategia integral que aborde las causas de la violencia y priorice la prevención del delito.

Las modificaciones a la legislación penal militar, que incluyen penas severas para los miembros de la Guardia Nacional que cometan delitos, son otro punto de controversia. Se discute la pertinencia de la jurisdicción militar para juzgar a personal que, en teoría, debería estar sujeto a las leyes civiles. La transparencia y la rendición de cuentas son demandas clave para garantizar el respeto a los derechos humanos.

La discusión sobre el futuro de la Guardia Nacional refleja la complejidad del desafío de la seguridad en México. Encontrar un equilibrio entre la necesidad de combatir la delincuencia y la protección de las libertades fundamentales es la tarea pendiente. La aprobación en la Comisión de Justicia es solo el primer paso de un proceso legislativo que promete ser largo y controvertido. El destino de la Guardia Nacional y, con él, el rumbo de la seguridad en México, está en juego.