La problemática de los "franeleros" en la Ciudad de México ha alcanzado un punto crítico, generando un debate en torno a la seguridad, la informalidad laboral y la convivencia ciudadana. La reciente declaración de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum – no Clara Brugada como se menciona en la introducción –, sobre el endurecimiento de las sanciones a aquellos que agredan o amenacen a los automovilistas, abre un nuevo capítulo en esta compleja situación. Si bien el aumento de las penas, que podrían llegar hasta las 36 horas de arresto, busca disuadir las prácticas coercitivas, es fundamental analizar las raíces de este fenómeno y plantear soluciones integrales que vayan más allá de la punición.

La propuesta de modificar la Ley de Cultura Cívica para incluir sanciones más severas contra quienes exigen pagos por "cuidar" vehículos, refleja la preocupación de las autoridades por la creciente inseguridad que se vive en las calles. La intimidación, la coacción e incluso la violencia física, son prácticas que se han normalizado en algunos puntos de la ciudad, donde los franeleros operan con impunidad. Sin embargo, es crucial entender que la criminalización no es la única respuesta. Muchos de estos individuos se ven obligados a recurrir a estas actividades ante la falta de oportunidades laborales y la precariedad económica. Se trata, en muchos casos, de personas excluidas del mercado formal, que encuentran en el control informal del estacionamiento una forma de subsistencia, aunque esta sea precaria e incluso ilegal.

La Jefa de Gobierno ha señalado la importancia de ofrecer alternativas a quienes se dedican a esta actividad. Programas de apoyo a procesos productivos, capacitación para el empleo y la generación de oportunidades dentro de la economía formal, son medidas cruciales para abordar el problema desde la raíz. No se trata simplemente de "quitar" a los franeleros de las calles, sino de brindarles las herramientas necesarias para integrarse a la sociedad de manera productiva. Es una tarea que requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Se necesitan programas de reinserción laboral que consideren las habilidades y necesidades de este sector de la población, así como un acompañamiento que les permita transitar hacia una vida laboral digna y estable.

La imagen del franelero con su trapo, apartando lugares con cubetas o piedras, se ha convertido en un símbolo de la informalidad que permea la economía mexicana. Si bien es cierto que muchos abusan de su posición y recurren a la intimidación para obtener una remuneración, también es cierto que muchos otros realizan su labor de manera honesta, ofreciendo un servicio que, aunque no esté regulado, es demandado por algunos automovilistas. La clave está en encontrar un equilibrio entre el derecho a la seguridad ciudadana y la necesidad de ofrecer oportunidades a quienes se encuentran en la marginalidad.

La viralización de denuncias ciudadanas a través de redes sociales ha visibilizado la problemática de los franeleros violentos, generando una presión social para que las autoridades tomen medidas. Sin embargo, la solución no se limita a aumentar las sanciones. Es necesario ir más allá, implementando políticas públicas que promuevan la inclusión social y la generación de empleos formales. Solo así se podrá transformar la realidad de quienes se ven obligados a recurrir a la informalidad y construir una ciudad más justa y segura para todos. El reto es grande, pero con un enfoque integral y una voluntad política real, es posible lograr un cambio significativo.