La preocupación por las condiciones del Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, en Tancanhuitz de Santos, ha resonado con fuerza en la Huasteca Potosina. La voz de las madres recluidas, anhelantes de ver a sus hijos, ha trascendido los muros del penal y ha llegado al corazón del poder legislativo. La diputada Jessica López, conmovida por los testimonios de estas mujeres, muchas de ellas provenientes de comunidades lejanas y con escasos recursos, ha impulsado un punto de acuerdo que busca una revisión exhaustiva de las condiciones en las que opera el centro. No se trata de señalar culpables, sino de tender puentes de colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Se busca, ante todo, el bienestar de las internas, reconociendo sus circunstancias particulares y la complejidad de sus historias. Muchas de ellas, como señaló la legisladora López, se encuentran privadas de su libertad por defenderse a sí mismas o a sus hijos de la violencia. Sus historias, marcadas por la vulnerabilidad y la lucha por la supervivencia, interpelan a la sociedad y exigen una mirada humana y compasiva. Más allá de los juicios, se trata de garantizar el respeto a sus derechos y la posibilidad de mantener el vínculo con sus familias.

Este llamado a la revisión de las condiciones del penal femenino se suma a la creciente preocupación por la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos en el estado. Recientemente, una denuncia por presunto desfalco en el Interapas, el organismo operador del agua en San Luis Potosí, ha sacudido la escena política. El diputado Luis Gámez, del Partido Verde Ecologista de México, ha denunciado un posible desvío de 265 millones de pesos en la contratación directa de pipas a la empresa Grupo Saserro. La falta de evidencia sobre el cobro por el uso del agua ha levantado sospechas y ha llevado al legislador a solicitar una auditoría especial al Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Se busca llegar al fondo del asunto, desentrañar cada detalle de la contratación y, en caso de comprobarse irregularidades, resarcir el daño patrimonial. La ciudadanía exige claridad y la aplicación de la ley. La auditoría se presenta como una herramienta fundamental para esclarecer los hechos y restablecer la confianza en las instituciones.

Estos dos acontecimientos, aunque aparentemente disímiles, convergen en un punto crucial: la necesidad de una gestión pública transparente y orientada al bienestar de la población. Tanto la situación de las mujeres en el penal de Xolol como el presunto desfalco en el Interapas interpelan a las autoridades y exigen respuestas concretas. La sociedad potosina se mantiene vigilante, demandando justicia y el uso responsable de los recursos públicos. El camino hacia un San Luis Potosí más justo y equitativo requiere del compromiso de todos los actores involucrados: legisladores, funcionarios públicos, sociedad civil y medios de comunicación. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para construir un futuro mejor para todos.