La incertidumbre se cierne sobre miles de familias en México ante la reciente propuesta del Infonavit de escriturar viviendas basándose en la antigüedad de la ocupación. Si bien la intención de brindar seguridad patrimonial a quienes habitan viviendas de forma irregular es loable, la falta de claridad en los mecanismos y la posible vulneración del derecho a la propiedad privada generan una profunda preocupación en la sociedad. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha expresado con firmeza su rechazo a cualquier medida que pueda interpretarse como una invasión a la propiedad privada, asegurando que en su estado no se permitirá este tipo de acciones. Sus palabras resuenan con la angustia de muchos propietarios que ven amenazado el fruto de su esfuerzo y trabajo.

La pregunta lanzada por el gobernador Lemus nos invita a la reflexión: ¿Estaríamos dispuestos a ceder nuestra propiedad, adquirida con sacrificio y dedicación, a un tercero simplemente por el hecho de que la ocupe? La respuesta, en la mayoría de los casos, es un rotundo no. La propiedad privada es un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado por el Estado. No podemos permitir que la necesidad, por muy apremiante que sea, justifique la expropiación de un bien adquirido legalmente.

El censo realizado por el Infonavit revela la magnitud del problema: 168 mil viviendas, de las cuales 145 mil están habitadas irregularmente y 23 mil se encuentran abandonadas o vandalizadas. Estas cifras, frías pero contundentes, nos muestran la complejidad de la situación y la necesidad de encontrar soluciones que respeten los derechos de todos los involucrados. El caso de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, conocido como el "Chernóbil mexicano" por la cantidad de viviendas abandonadas, es un ejemplo paradigmático de la problemática.

La promesa del Infonavit de no realizar desalojos en las viviendas ya invadidas genera aún más interrogantes. ¿Cómo se conciliará el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad privada? ¿Qué criterios se utilizarán para determinar quién tiene derecho a la escrituración? La falta de respuestas claras alimenta la incertidumbre y la desconfianza.

Mientras tanto, en Tlajomulco se han implementado programas de recuperación de viviendas y se promueve la inversión de particulares para evitar nuevas invasiones. Esta iniciativa, destacada por el gobernador Lemus, demuestra que es posible abordar el problema de la vivienda abandonada desde una perspectiva que respete la legalidad y promueva la participación ciudadana. Sin embargo, se necesita una estrategia integral a nivel nacional que aborde las causas estructurales del problema y ofrezca soluciones justas y equitables para todos. La vivienda es un derecho humano fundamental, pero no puede obtenerse a costa de la violación de otros derechos igualmente importantes. El diálogo, la transparencia y el respeto a la ley son esenciales para encontrar una salida a esta compleja situación. El futuro de miles de familias depende de ello. La incertidumbre persiste y la sociedad exige respuestas.