La incertidumbre se cierne sobre miles de familias en México ante la reciente propuesta del Infonavit de escriturar viviendas abandonadas a quienes las ocupen. Mientras el Instituto argumenta la necesidad de dar solución a la problemática de las casas deshabitadas y vandalizadas, voces como la del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se alzan enérgicamente en contra, denunciando la falta de certeza jurídica y el riesgo de fomentar las invasiones.

El debate, avivado por el censo presentado por el director del Infonavit, Octavio Romero, que revela la existencia de 168 mil viviendas en situación irregular, pone de manifiesto la compleja realidad del mercado inmobiliario en el país. 145 mil de estas viviendas están habitadas de forma irregular, mientras que 23 mil se encuentran deshabitadas o vandalizadas, un panorama que dibuja un escenario propicio para la especulación y la inseguridad jurídica. Aunque no se especificó la ubicación exacta de estas propiedades, la sombra de la problemática se extiende por todo el territorio nacional, con especial atención en zonas como Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, tristemente conocido como "el Chernobyl mexicano" por la alta concentración de viviendas abandonadas.

La postura del gobernador Lemus es contundente: "No se pueden permitir las invasiones de vivienda porque son propiedad privada". El mandatario jalisciense apela al sentido común y a la justicia, cuestionando la legitimidad de arrebatar el patrimonio de un individuo para entregárselo a otro. "¿Estarían ustedes dispuestos a que les invadieran su vivienda y se la escrituraran a un tercero?", pregunta retóricamente, haciendo hincapié en el esfuerzo y sacrificio que implica la adquisición de una propiedad.

Mientras el Infonavit asegura que no se llevarán a cabo desalojos en las viviendas ya ocupadas, la promesa no disipa la preocupación de quienes ven en la propuesta una peligrosa señal de permisividad ante la ilegalidad. La falta de claridad en los criterios de adjudicación y la ausencia de un marco legal sólido abren la puerta a posibles abusos y conflictos. ¿Cómo se determinará quién tiene derecho a la escrituración? ¿Qué garantías se ofrecen a los legítimos propietarios? Estas son algunas de las preguntas que exigen respuestas claras y contundentes.

En contraste con la postura del Infonavit, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga ha implementado un programa proactivo para la recuperación de viviendas abandonadas, apostando por la inversión privada y la individualización de las propiedades como estrategia para prevenir las invasiones. Lemus destaca la anticipación y la eficiencia de este programa, presentándolo como un ejemplo a seguir en la lucha contra la problemática de la vivienda.

La controversia generada por la propuesta del Infonavit pone de manifiesto la urgente necesidad de un debate nacional sobre el futuro de la vivienda en México. Se requiere un enfoque integral que aborde las causas estructurales del abandono de viviendas, que promueva la regularización del mercado inmobiliario y que garantice la seguridad jurídica de todos los actores involucrados. El derecho a la vivienda digna no puede estar reñido con el respeto a la propiedad privada, y la solución a la crisis habitacional no puede basarse en medidas improvisadas que generen más incertidumbre y conflicto. El diálogo, la transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para construir un futuro en el que la vivienda sea un derecho garantizado para todos, sin menoscabo de la justicia y la legalidad.