La presión de Estados Unidos sobre México se intensifica, trascendiendo la simple reacción para convertirse en una estrategia meticulosamente diseñada. El foco principal, sin duda, es el fentanilo y el narcotráfico, pero la ofensiva va mucho más allá. No se limita a perseguir capos y decomisar cargamentos, sino que busca desmantelar por completo el andamiaje que sostiene a los cárteles, desde sus tentáculos en el sistema político y el sector privado hasta sus intrincadas redes de lavado de dinero.

El control migratorio y el flujo de remesas, identificados como áreas vulnerables a la infiltración del crimen organizado, son también piezas clave en este tablero geopolítico. La administración de Donald Trump ha dejado claro su objetivo primordial: salvaguardar los intereses estadounidenses, tanto en materia de seguridad nacional como en el ámbito económico. Y para lograrlo, ha desplegado un arsenal legal y operativo que promete sacudir los cimientos del poder en México.

La "Lista Viva", ahora una herramienta operativa, se cierne como una espada de Damocles sobre figuras políticas y empresariales. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), con su alcance extraterritorial, se convierte en un arma poderosa para perseguir la corrupción y la colusión con el crimen organizado, incluso más allá de las fronteras estadounidenses. El Departamento de Justicia, bajo la directriz de Pam Bondi, tiene la mira puesta en casos que involucren a cárteles, perjudiquen a ciudadanos o empresas estadounidenses, y comprometan sectores estratégicos como puertos, energía e infraestructura.

El partido Morena, liderado por Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, se encuentra bajo el escrutinio de Washington, junto con gobiernos estatales con historial de corrupción. Las empresas que hayan participado en licitaciones públicas, especialmente en sectores clave, y que representen una desventaja para las empresas estadounidenses, también serán objeto de investigación. La compra de equipos de origen chino por parte de las secretarías de Marina y Defensa, bajo el liderazgo de José Rafael Ojeda Durán y Luis Cresencio Sandoval respectivamente, ya había encendido las alarmas en la administración Biden, con el entonces embajador Ken Salazar expresando su preocupación.

El sistema financiero mexicano se encuentra en el ojo del huracán. El Departamento del Tesoro, liderado por Scott Bessent, podría intensificar la presión sobre bancos, fintechs y operadores de transferencias de dinero, buscando desentrañar las redes de lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado. Esta ofensiva, si bien necesaria, podría tener consecuencias colaterales para las comunidades que dependen de las remesas.

Las implicaciones diplomáticas de esta estrategia son ineludibles. La aplicación extraterritorial de la FCPA, sin la debida mediación diplomática, podría generar tensiones bilaterales y ser interpretada por actores políticos mexicanos como una intromisión en la soberanía nacional.

En el frente interno, la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Pablo Gómez, ha creado una nueva dirección especializada en Análisis Criminal, una respuesta directa a la presión ejercida por las Secretarías de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos. Esta unidad se enfocará en desentrañar las estructuras y ramificaciones de las organizaciones criminales, un desafío que ha rebasado la capacidad de la Fiscalía General de la República, Hacienda y la Secretaría de Seguridad. El desconocimiento sobre la dinámica de los nuevos mercados criminales, como el huachicol fiscal, el huachigas y el tráfico de nuevas drogas, ha obligado a las autoridades mexicanas a redoblar sus esfuerzos.

Ante la creciente presión, los bancos mexicanos se apresuran a reforzar sus protocolos contra el lavado de dinero. Scotiabank, Banorte y Santander han recurrido a la asesoría de Narciso Campos, experto en la materia y socio de White & Case. La Asociación de Bancos de México, presidida por Emilio Romano, también ha contratado a la prestigiosa firma neoyorquina como asesor externo. La experiencia de Campos, quien negoció el T-MEC durante la primera presidencia de Trump, se vuelve invaluable en este contexto.

En el sector empresarial, la reestructura financiera de Casa Marzam enfrenta dificultades. La aparente retirada de Rodrigo Herrera Aspra, dueño de Genomma Lab, ha puesto en jaque el plan de capitalización que contaba con el apoyo de Santander y HSBC. Los problemas con Pablo Escandón, dueño de Nadro, parecen haber complicado aún más la situación.

Por otro lado, el convenio de La Europea, autorizado por la Jueza Ruth Haggi Huerta, no ha contado con la firma de Banamex y Bx+, este último mostrando una postura particularmente beligerante. Casa Cuervo, el principal proveedor de la cadena, tampoco ha suscrito el convenio, aunque no lo ha objetado. En contraste, multinacionales como Bacardí, Diageo y Pernod Ricard han dado su aval al acuerdo.

El panorama se presenta complejo y desafiante. La presión de Estados Unidos, la lucha contra el crimen organizado y la reconfiguración del panorama empresarial dibujan un escenario de incertidumbre, donde la geopolítica y los intereses económicos se entrelazan en una partida de ajedrez de alto riesgo.