La sombra de la deportación masiva vuelve a planear sobre Estados Unidos. El presidente Trump, acorralado por la baja aprobación en las encuestas, ha retomado su promesa de llevar a cabo "la mayor deportación masiva de la historia" del país. Esta nueva ofensiva, anunciada a través de sus redes sociales, se centra en las grandes urbes gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, ciudades que, según la administración Trump, se han convertido en santuarios para inmigrantes indocumentados, utilizados para manipular elecciones e inflar el Estado de Bienestar, a costa del trabajo y los beneficios que corresponden a los ciudadanos estadounidenses.

La estrategia de Trump se enfoca, significativamente, en ciudades con una importante población de origen mexicano, tanto documentada como indocumentada. Este giro en la política migratoria resulta particularmente llamativo, considerando que hace apenas unos días el propio presidente instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender las redadas en centros de trabajo, cediendo a la presión de grupos empresariales que alertaban sobre el impacto económico de estas medidas. Esta aparente contradicción subraya la volatilidad que caracteriza la gestión de Trump y su tendencia a reaccionar a las presiones del momento.

La insistencia en la deportación masiva se interpreta como un intento de reforzar la imagen de "hombre fuerte" que Trump cultiva con esmero, especialmente tras un fin de semana en que las celebraciones del 250 aniversario del Ejército, coincidiendo con su cumpleaños, se vieron eclipsadas por multitudinarias manifestaciones en su contra. Estas protestas, que reunieron a millones de estadounidenses en todo el país, rechazaban la figura de un presidente percibido como autoritario e imperial. La retórica de la deportación masiva busca, pues, recuperar el apoyo de su base electoral, el único sector donde las encuestas aún le son favorables.

Más allá de la estrategia electoral, algunos analistas apuntan a una motivación más profunda: acallar las crecientes dudas sobre su autoridad y sentar las bases para una posible movilización de las Fuerzas Armadas dentro del territorio estadounidense. Trump invoca leyes de emergencia, argumentando una "invasión" de indocumentados "violentos y saqueadores", "antiestadounidenses" que amenazan la ley y el orden.

Este discurso, cargado de tintes alarmistas, no es más que una embestida contra sus rivales demócratas, acusados de proteger a criminales y alborotadores en detrimento de las fuerzas del orden. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reforzado esta línea argumental, presentando a Trump como el garante de la ley y el orden, el único capaz de erradicar la violencia y llevar a los criminales ante la justicia, mientras que las operaciones de arresto de inmigrantes indocumentados continúan sin descanso. Esta narrativa polarizante busca dividir a la opinión pública y movilizar a sus seguidores, presentando la deportación masiva como una solución a los problemas del país. Sin embargo, la complejidad de la realidad migratoria y las implicaciones humanas de estas medidas quedan relegadas a un segundo plano.

La nueva ofensiva de Trump en materia migratoria plantea serias interrogantes sobre el futuro de millones de personas y el respeto a los derechos humanos en Estados Unidos. La deportación masiva, lejos de ser una solución, podría agravar la crisis humanitaria en la frontera y generar un clima de miedo e incertidumbre en las comunidades inmigrantes. El debate está abierto y las consecuencias de esta política podrían ser devastadoras.