La pestilencia de la corrupción se extiende por el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán como una sombra ominosa. No son meras especulaciones, sino la cruda realidad que se desprende de testimonios y denuncias que pintan un panorama desolador de impunidad y abuso de poder. El director, Carlos Manuel López Alvarado, maestro en pedagogía, se encuentra en el ojo del huracán, acumulando acusaciones por despidos injustificados y violencia laboral, un comportamiento que parece ser la norma y no la excepción.

El caso de Thelma Galindo López, ex encargada del área de Servicio Social, es un ejemplo desgarrador. Tras denunciar violencia de género por parte del director, la institución, en lugar de investigar y sancionar al responsable, optó por silenciarla, obligándola a firmar su renuncia. Este patrón de castigo a quienes se atreven a alzar la voz y premio a la sumisión, se repite sistemáticamente, según fuentes internas.

La podredumbre no se limita al maltrato laboral, sino que se extiende a los recursos públicos. Wendy Cervantes, quien denunció malos manejos financieros y los abusos de Mirza Noemí Salinas Escamilla, funcionaria implicada en el esquema de desvíos, también fue ignorada. La Subdirección de Servicios Administrativos, bajo el mando de Mirza, se ha convertido en la maquinaria de la corrupción, utilizando contratos inflados y adjudicaciones directas a la empresa CH Construcciones, propiedad de Eziquio Cuevas Oropeza, para desviar fondos públicos. Un esquema simple pero efectivo: inflar contratos, devolver excedentes y simular legalidad. El Tecnológico, lejos de ser un faro de conocimiento y ética, se ha convertido en un pantano de corrupción que exige la inmediata intervención de las autoridades estatales.

Mientras tanto, en el Instituto Nacional Electoral (INE), la discordia interna resuena con fuerza. Consejeros como Claudia Zavala, Jaime Rivera, Martín Faz y Carla Humphrey, operan en las sombras, celebrando reuniones extraoficiales y promoviendo una narrativa crítica contra el proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros, sin presentar pruebas que sustenten sus acusaciones.

Más que un debate técnico o jurídico, sus acciones se perciben como una maniobra política destinada a socavar el liderazgo de Guadalupe Taddei. Funcionarios y técnicos del INE observan con preocupación cómo este grupo intenta desestabilizar la institución, a pesar de que el proceso de elección se ha desarrollado conforme a la ley.

Detrás de estas pugnas internas se vislumbra la figura de Lorenzo Córdova, ex consejero presidente y acérrimo opositor a la Reforma Judicial. Varios de los consejeros disidentes formaron parte de su círculo cercano, lo que sugiere una posible orquestación desde las sombras. “Fuego amigo”, susurran en los pasillos del INE, mientras la institución se debate entre la transparencia y las ambiciones particulares.

La situación tanto en el Tecnológico de Chimalhuacán como en el INE, demanda una investigación exhaustiva y acciones contundentes para erradicar la corrupción y garantizar la transparencia en las instituciones públicas. El futuro de la educación y la democracia está en juego.