La sombra de la corrupción se cierne sobre el vital recurso del agua en nuestro estado. Una red de presuntos desvíos millonarios, tejida durante la administración anterior, ha salido a la luz, poniendo en jaque la confianza ciudadana y la correcta gestión de un servicio tan esencial. Más de mil millones de pesos, una cifra que estremece, se habrían esfumado de las arcas destinadas a garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento, según revelaciones del Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez. Imaginen la cantidad de proyectos, de mejoras en la infraestructura, de soluciones a las fugas y desabastos que se podrían haber realizado con semejante suma. En lugar de ello, este dinero habría ido a parar a manos de unos cuantos, mientras la ciudadanía seguía enfrentando problemas en el suministro y la calidad del agua.

La presente administración, con un compromiso firme de transparencia y rendición de cuentas, ha tomado cartas en el asunto. No se trata de una simple cacería de brujas, sino de una profunda y necesaria investigación para sanear el sistema y asegurar que cada peso destinado al agua llegue a su destino. Al menos cuatro funcionarios de diversos organismos operadores de agua potable y alcantarillado, personas en puestos de responsabilidad, están bajo la lupa de la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Sus nombres, por ahora, se mantienen en reserva para no entorpecer las investigaciones, pero la justicia, como un río subterráneo, sigue su curso inexorable. Se busca, con meticulosidad, desentrañar la madeja de irregularidades y llevar ante la ley a los responsables.

La corrupción en el sector hídrico es una herida profunda que afecta a todos. No solo se trata del dinero perdido, sino de la erosión de la confianza en las instituciones y la perpetuación de un sistema injusto. Mientras algunos se enriquecen ilícitamente, miles de familias siguen sufriendo la falta de acceso a un servicio básico y fundamental para la vida. Las denuncias ciudadanas, en este contexto, se convierten en una herramienta vital. Cada voz que se alza contra la corrupción, cada reporte de irregularidades, contribuye a tejer una red de vigilancia ciudadana que dificulta la impunidad.

El Secretario Quiroga Álvarez ha sido enfático: "Se les hace fácil tomar dinero, pedir dinero a los usuarios". Estas prácticas, que parecen pequeñas gotas, se convierten con el tiempo en un torrente de corrupción que drena los recursos públicos. La impunidad no será tolerada. Las investigaciones en curso son una señal clara de que la actual administración está comprometida con la transparencia y la justicia. Se espera que las sanciones sean ejemplares, para disuadir a quienes pretendan seguir lucrando con un bien tan preciado como el agua. El camino hacia un sistema hídrico transparente y eficiente es largo, pero cada paso que damos en la lucha contra la corrupción nos acerca a la meta. La ciudadanía, informada y participativa, es la mejor aliada en esta batalla.