La incertidumbre que por meses nubló el horizonte financiero de CAME, Sociedad Financiera Popular (Sofipo), finalmente se disipó con el anuncio oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La intervención con carácter de gerencia, una medida drástica pero necesaria, se implementó el pasado 9 de junio, tras un silencio informativo de cinco largos meses que mantuvo en vilo a miles de ahorradores. Esta decisión, confirmada por la Junta de Gobierno de la CNBV, marca un punto de inflexión en la trayectoria de la séptima Sofipo más grande del país en términos de activos, según datos del propio organismo regulador al cierre del año pasado.

Más allá de la noticia en sí, la intervención de CAME destapa una serie de interrogantes cruciales para el sector financiero mexicano. ¿Cómo una institución con más de un millón de clientes y una captación tradicional que superaba los mil 600 millones de pesos llegó a este punto? La CNBV apunta a "irregularidades contables" que pusieron en jaque los ahorros de miles de mexicanos. Esta declaración, si bien escueta, enciende las alarmas y nos obliga a preguntarnos sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión y control dentro del sistema financiero. ¿Fallaron los protocolos? ¿Se detectaron las anomalías a tiempo? Estas son preguntas que exigen respuestas claras y contundentes para restablecer la confianza en el sector.

La pérdida de capital que llevó a CAME a la categoría 4 del Nivel de Capitalización (NICAP) no surgió de la noche a la mañana. Se trata de un proceso gradual que, presumiblemente, debió haber generado señales de alerta. Analistas financieros coinciden en que este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones financieras, especialmente en aquellas que, como las Sofipos, atienden a un segmento de la población particularmente vulnerable.

Para los ahorradores de CAME, la garantía del Fondo de Protección, que cubre hasta 25 mil UDIS (aproximadamente 212 mil 149 pesos al valor de la unidad de inversión del viernes pasado), ofrece un respiro. Sin embargo, la incertidumbre y la preocupación persisten. Muchos se preguntan sobre el futuro de sus inversiones y sobre la posibilidad de recuperar la totalidad de sus ahorros. La CNBV tiene la obligación de brindar información clara y precisa sobre el proceso de intervención y sobre las medidas que se tomarán para proteger los intereses de los afectados.

El caso CAME trasciende el ámbito estrictamente financiero. Es un recordatorio de la importancia de la regulación y la supervisión en un sector vital para la economía del país. Es, además, una llamada de atención para los ahorradores, quienes deben estar informados y conscientes de los riesgos que implica depositar su confianza en cualquier institución financiera. La educación financiera, en este contexto, se convierte en una herramienta fundamental para empoderar a los ciudadanos y permitirles tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus recursos. En definitiva, la intervención de CAME es una lección que debemos aprender como sociedad para fortalecer nuestro sistema financiero y proteger el patrimonio de todos los mexicanos.

Finalmente, el procedimiento de revocación, iniciado el pasado 21 de mayo por incumplimiento en los requerimientos de capitalización por riesgos de crédito y de mercado, aún se encuentra en trámite. El resultado de este proceso será determinante para el futuro de CAME y para el panorama del sector de las Sofipos en México. Estaremos atentos a los próximos acontecimientos y a las decisiones que tomen las autoridades competentes.