Un momento histórico se ha escrito en la historia del Poder Judicial mexicano. Por primera vez, la voz del pueblo ha resonado en la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), marcando un hito en la democratización del sistema judicial. La entrega de las constancias de mayoría, un acto solemne y cargado de simbolismo, representó la culminación de un proceso electoral inédito, donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de participar directamente en la configuración del máximo tribunal del país.

La imagen de Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la SCJN, recibiendo una constancia de mayoría en su lengua mixteca, trasciende el protocolo. Es un poderoso mensaje de inclusión y reconocimiento a la riqueza pluricultural de México, una nación donde la diversidad de lenguas y culturas forma parte integral de su identidad. Este gesto no solo honra a los pueblos indígenas, sino que también simboliza el compromiso de la nueva Corte con una justicia más representativa y accesible para todos los mexicanos, sin importar su origen o lengua materna.

El clamor popular, expresado en los vítores de "ministro del pueblo", refleja la esperanza depositada en esta nueva etapa del Poder Judicial. Las palabras del ministro Aguilar Ortiz, cargadas de convicción, resonaron con fuerza al prometer una justicia donde la honestidad, la transparencia y la igualdad sustantiva serán los pilares fundamentales. Su llamado a un voto de confianza no es una simple solicitud, sino una invitación a la sociedad a participar activamente en la construcción de un sistema judicial más justo y equitativo.

La lucha contra la corrupción, el nepotismo, la discriminación y el clasismo, flagelos que han minado la credibilidad de las instituciones, se presenta como una prioridad ineludible. La promesa de un Poder Judicial que garantice certeza y seguridad jurídica a todos los ciudadanos, sin privilegios ni distinciones, representa un anhelo largamente esperado por la sociedad mexicana.

La reforma judicial, en la que se enmarca esta histórica elección, se presenta como una oportunidad única para transformar el sistema de justicia desde sus cimientos. Se busca que la justicia deje de ser un privilegio de unos pocos para convertirse en un derecho accesible para todos, un derecho fundamental que garantice la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos.

La entrega de las constancias de mayoría a las ministras y ministros electos, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Aristídes Rodrigo Guerrero García, representa la materialización de este cambio trascendental. Cada una de estas figuras, ahora investidas con la legitimidad del voto popular, asume la responsabilidad de construir un nuevo Poder Judicial, un Poder Judicial a la altura de las demandas de una sociedad que exige justicia, transparencia y equidad.

La sesión del Consejo General del INE, que dio inicio a las 10:00 horas, con la aprobación de la declaración de validez de la elección judicial, sentó las bases para la conformación de este nuevo Poder Judicial. Las palabras de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, al destacar la importancia de la revisión minuciosa de los dictámenes, reflejan el compromiso del INE con la transparencia y la legalidad del proceso electoral. Este proceso, meticuloso y exhaustivo, garantiza la legitimidad de la elección y sienta un precedente para futuros comicios.

El camino hacia la consolidación de un nuevo Poder Judicial apenas comienza. Los retos son enormes, pero la esperanza de un futuro mejor, donde la justicia sea un derecho real y efectivo para todos, se mantiene viva. La participación ciudadana, clave en este proceso, será fundamental para acompañar y fiscalizar la labor de los nuevos ministros y ministras, y así construir, entre todos, un México más justo y democrático.