La reciente elección del Poder Judicial Federal en México ha desatado un intenso debate sobre la legitimidad democrática y la participación ciudadana. Si bien la Constitución no establece diferencias en los niveles de legitimidad que deben tener los poderes de la Unión, es innegable que una mayor participación ciudadana fortalece la credibilidad y la aceptación de las instituciones. El contraste entre la participación del 60% del electorado en las elecciones presidenciales y legislativas de 2024 y el escaso 13% que acudió a las urnas para elegir a las y los integrantes del Poder Judicial, plantea serias interrogantes sobre la solidez del proceso y la representatividad de los resultados.

La narrativa oficial que atribuía la reforma judicial a un mandato popular emanado de los 33 millones de votantes que apoyaron a Morena y sus aliados se desdibuja ante la apatía mostrada por la ciudadanía en la elección de jueces y magistrados. Es evidente que el llamado a la transformación del Poder Judicial no resonó con la misma fuerza que la propuesta de cambio en el Ejecutivo y el Legislativo. La justificación de los bajos niveles de participación con referencias a consultas populares, propias de la democracia participativa, resulta un argumento débil e incluso contradictorio, considerando que la elección de los poderes de la Unión se rige por los principios de la democracia representativa.

El gobierno de la 4T, a pesar de contar con el control del aparato estatal y una amplia base de apoyo social, no logró movilizar al electorado para consolidar la legitimidad del nuevo Poder Judicial. Las "guías de votación" y las campañas simbólicas, lejos de impulsar la participación, parecieron reforzar la percepción de un proceso controlado y predefinido. La eficiencia operativa del INE y la actuación del Tribunal Electoral, factores que usualmente se celebran como garantes de la transparencia, en este caso contribuyeron a la sensación de un escenario prefigurado, sin espacio para la genuina competencia electoral. La oposición, por su parte, se limitó a la crítica verbal, sin capacidad para ofrecer una alternativa real.

Si bien Morena y sus aliados alcanzaron su objetivo de controlar el Poder Judicial, la forma en que lo hicieron revela una preocupante desconexión con la ciudadanía. La baja participación electoral no solo debilita la legitimidad del proceso, sino que también expone las contradicciones internas, las luchas de poder y la falta de pericia política al interior del partido gobernante. La soberbia y el autoengaño, evidentes en la justificación de los resultados, podrían tener consecuencias negativas para el liderazgo de la Presidenta y la estabilidad del proyecto de la 4T.

Ante este panorama, el Poder Judicial enfrenta el reto de construir su legitimidad a través de un desempeño impecable. La retórica nacional-populista no será suficiente para compensar la falta de respaldo popular. La honestidad, la responsabilidad y la independencia en la impartición de justicia serán cruciales para recuperar la confianza ciudadana. El Poder Judicial debe erigirse como un auténtico contrapeso al poder político, combatiendo la corrupción y el nepotismo sin importar lealtades partidistas. Solo así podrá consolidarse como un pilar fundamental de la democracia mexicana y garantizar el interés de la Nación por encima de cualquier otro. El futuro de la República depende, en gran medida, de la capacidad del Poder Judicial para asumir este desafío histórico.