La sombra de la sospecha vuelve a cernirse sobre México. Una vez más, la narrativa del "enemigo externo" se utiliza para deslegitimar las voces de quienes claman por justicia. Las recientes protestas de la comunidad migrante mexicana en Los Ángeles, lejos de ser actos orquestados desde el sur, son el grito desesperado de quienes enfrentan la amenaza constante de la detención, la deportación y la discriminación. Es la respuesta visceral a una realidad que les niega la dignidad y los derechos fundamentales.

La acusación lanzada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de que el gobierno mexicano está detrás de estas movilizaciones, no solo es infundada, sino que resulta peligrosamente irresponsable. No se trata de un simple error de apreciación, sino de una estrategia calculada para desviar la atención de los verdaderos problemas y alimentar el miedo y el prejuicio. Se busca silenciar las voces disidentes y criminalizar la legítima defensa de los derechos humanos.

Es crucial entender que estas protestas nacen de la propia experiencia de la comunidad migrante. Son la expresión de un hartazgo acumulado, de la frustración ante un sistema que les niega oportunidades y los somete a un constante estado de vulnerabilidad. No necesitan la incitación de ningún gobierno para alzar la voz; les basta con la indignidad que viven a diario.

La postura del gobierno mexicano, en palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido clara y contundente: respeto irrestricto a la soberanía de Estados Unidos y defensa inquebrantable de los derechos humanos de sus ciudadanos, dondequiera que se encuentren. Exigir el debido proceso y la protección consular no es injerencia, es una obligación moral y legal de cualquier Estado que se precie de proteger a su gente.

Lo que realmente incomoda a figuras como Noem no es la supuesta intervención mexicana, sino la creciente fuerza política y moral de una diáspora que se organiza, que se empodera y que se niega a ser silenciada. Les molesta la imagen de migrantes que no se conforman con las migajas, que exigen un trato justo y que desafían la narrativa del "migrante sumiso y agradecido". Les molesta, en definitiva, que no tengan miedo.

La estrategia de Noem es tan vieja como cínica: instrumentalizar el miedo al "otro" para avanzar en su propia agenda política. Sus acusaciones, carentes de cualquier sustento probatorio, se basan en prejuicios y estereotipos que buscan demonizar a la comunidad migrante y presentarla como una amenaza a la seguridad nacional. De esta manera, se desvía la atención de las verdaderas causas de la problemática migratoria: décadas de políticas fallidas, discriminación estructural y una profunda desigualdad social.

México ha sido históricamente prudente en su relación bilateral con Estados Unidos. Su política exterior se basa en el respeto mutuo y la no intervención. Sin embargo, la prudencia no debe confundirse con la pasividad. México no puede permanecer indiferente ante los ataques y la estigmatización de sus ciudadanos. Defender sus derechos no es injerencia, es una obligación ineludible.

La comunidad mexicana en Estados Unidos ha demostrado una y otra vez su capacidad de organización y resistencia. No necesita el permiso de nadie para movilizarse y exigir un trato digno. Callar ante las acusaciones infundadas de Noem sería una traición a su lucha y una concesión a la desinformación y la xenofobia.

Hoy, más que nunca, es fundamental alzar la voz en solidaridad con la comunidad migrante. Defender a México en este contexto no es defender a un gobierno o a un partido político, sino defender a una ciudadanía global que exige respeto, justicia e igualdad de oportunidades. Las declaraciones de Noem no solo ofenden al gobierno mexicano, ofenden a millones de personas que buscan una vida mejor y que ahora son acusadas de conspirar contra la democracia por ejercer su derecho fundamental a la protesta.