La sombra de la violencia se cierne sobre Veracruz. A pesar de que el recuento de votos para las alcaldías aún no concluye su fase legal, las heridas infligidas durante el proceso electoral permanecen abiertas, un crudo recordatorio de la fragilidad democrática que aqueja a México, especialmente en regiones donde la delincuencia organizada ha extendido sus tentáculos. Las advertencias previas, lanzadas desde la Cámara de Diputados y la cúpula nacional del PRI, resonaban como ecos premonitorios en un escenario político tenso. No eran simples estrategias partidistas, sino gritos desesperados ante una realidad innegable: la amenaza latente de la violencia en Veracruz. Los llamados al Gobierno Federal para garantizar la seguridad no fueron escuchados con la atención que merecían, y el resultado fue un proceso electoral manchado por episodios violentos que no solo vulneraron el derecho al voto, sino que expusieron las profundas grietas en el sistema de seguridad nacional.

Ahora, mientras los partidos políticos, en pleno ejercicio de sus derechos, recorren los laberintos legales del contencioso electoral, es imperativo hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué futuro queremos para Veracruz? Una vez que las autoridades electorales definan la composición de los 212 ayuntamientos que tomarán posesión el 1 de enero de 2026, la prioridad deberá ser la unidad, dejando atrás las diferencias partidistas para enfocarse en el bienestar común. Todos los proyectos que representen un avance para los veracruzanos, sin importar su color político, deben ser abrazados y apoyados. Mi oficina en la Cámara de Diputados Federales se mantendrá como una puerta abierta, un espacio permanente de gestión de recursos e impulso de proyectos ante todas las instancias gubernamentales. Este es un compromiso que trasciende las coyunturas electorales y se arraiga en la esencia misma del servicio público.

Una vez que se disipen las brumas legales de las impugnaciones, será crucial iniciar un proceso de reconciliación republicana. La violencia que empañó la jornada electoral no puede quedar impune, debe servir como un llamado a la acción para reforzar los mecanismos de protección democrática en futuros comicios. El compromiso con todas las autoridades municipales electas del PRI, desde los alcaldes hasta cada uno de los ediles, incluyendo a quienes ejercerán como oposición, es inquebrantable. Tienen la responsabilidad de honrar la confianza depositada en ellos por la ciudadanía y convertirse en una voz firme contra la opacidad, la ineficacia, la corrupción y la frivolidad.

La agenda municipal debe estar centrada en el progreso tangible: mejorar los servicios públicos, impulsar el desarrollo de las comunidades urbanas y rurales, apoyar a mujeres, niñas y niños, fortalecer la infraestructura educativa, sanitaria, cultural y de caminos rurales. La colaboración entre los distintos niveles de gobierno será esencial para maximizar el impacto de las políticas públicas locales. En este engranaje, la Cámara de Diputados debe actuar como el puente que conecta las necesidades municipales con los recursos federales. Reitero mi compromiso: mi oficina estará siempre disponible para todos los ayuntamientos.

La violencia que ensombreció estas elecciones no puede normalizarse. Es un deber compartido por todos los actores políticos, sin importar su afiliación, trabajar en conjunto para asegurar que los próximos procesos electorales se desarrollen en un clima de paz y seguridad, donde los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos.

El compromiso republicano va más allá de las victorias y derrotas electorales. Se trata de construir, desde la pluralidad política, un Veracruz más próspero, seguro y democrático para las futuras generaciones.