La inseguridad acecha a nuestros niños. Un escalofriante intento de secuestro en Barrancabermeja ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los menores ante depredadores que se ocultan en las sombras. El pánico se apoderó de la comunidad al conocerse la noticia: una niña, a plena luz del día, a la salida de su colegio, estuvo a punto de ser víctima de un individuo en motocicleta. Las imágenes de las cámaras de seguridad, aunque borrosas por el casco del agresor, son un testimonio mudo del terror que vivió la pequeña. Su rápida reacción y la oportuna ayuda de los residentes de una vivienda cercana evitaron lo que pudo haber sido una tragedia.

Este caso nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la seguridad infantil y la necesidad de reforzar las medidas de protección. Si bien la niña logró escapar de las garras de su posible secuestrador, el trauma psicológico que este evento le ha causado es indudable. El miedo a caminar sola, la desconfianza hacia los extraños, la angustia constante… son cicatrices invisibles que pueden tardar años en sanar.

La dificultad para identificar al motociclista, cuyo rostro permaneció oculto bajo el casco, complica las investigaciones. Sin embargo, la policía de Barrancabermeja se encuentra trabajando arduamente para dar con el paradero de este sujeto, analizando minuciosamente las grabaciones y buscando cualquier pista que pueda conducir a su captura. Se hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ser relevante para el caso. La colaboración ciudadana es crucial para tejer una red de protección alrededor de nuestros niños.

El intento de secuestro en Barrancabermeja no es un caso aislado. Lamentablemente, la violencia contra los menores es una realidad que nos golpea constantemente. La normalización del acoso, la dificultad para recopilar pruebas y la revictimización durante el proceso judicial son obstáculos que dificultan la lucha contra este flagelo. Como bien lo señala la abogada penalista Mariana Enamorado, es fundamental documentar cualquier indicio de acoso: mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas… cualquier elemento que pueda servir como evidencia en un futuro proceso judicial. Asimismo, es importante que las víctimas se sientan apoyadas y protegidas para que se animen a denunciar, rompiendo el silencio que muchas veces ampara a los agresores.

El Artículo 134 B del Código Penal colombiano, que tipifica el acoso a menores, se encuentra bajo escrutinio público. Expertos legales y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia exigen una revisión y actualización de la ley para que se ajuste a la realidad y se castigue con mayor severidad a quienes atentan contra la integridad de los niños. La ambigüedad en la definición del delito de acoso y la falta de claridad en las penas impuestas generan un vacío legal que favorece la impunidad.

Es imperativo que las autoridades competentes tomen medidas contundentes para garantizar la seguridad de nuestros niños. Se necesita una mayor presencia policial en las zonas escolares, campañas de concientización para padres y niños sobre cómo prevenir y actuar ante situaciones de riesgo, y un sistema judicial que proteja eficazmente a las víctimas y sancione con rigor a los agresores. No podemos permitir que el miedo se apodere de nuestras calles y que nuestros hijos vivan con el temor constante de ser víctimas de la violencia. La protección de la infancia es una responsabilidad de todos. Debemos unir fuerzas, como sociedad, para construir un entorno seguro donde nuestros niños puedan crecer y desarrollarse plenamente.