La sombra de la sospecha se cierne una vez más sobre la Iglesia Católica. La reciente detención de Antonio “N”, miembro de la orden de los Legionarios de Cristo, acusado de abuso sexual a menores, ha sacudido a la opinión pública y ha reabierto viejas heridas. La Presidenta Claudia Sheinbaum, con la firmeza que la caracteriza, ha exigido que se aplique todo el peso de la ley para que casos como este no se repitan, enviando un mensaje claro de cero tolerancia ante la impunidad. Pero más allá de la figura del sacerdote, este caso nos obliga a reflexionar sobre la profunda crisis que atraviesa la institución eclesiástica, una crisis que no se limita a unos cuantos “malas manzanas”, sino que parece estar enraizada en estructuras de poder que han permitido, durante décadas, el silencio y la protección de los abusadores.

La colaboración entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la INTERPOL México para lograr la detención de Antonio "N" en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, demuestra la complejidad y la gravedad del caso. La imagen del sacerdote, con su doctorado en Investigación Interdisciplinaria y una tesis sobre la infertilidad en la pareja, contrasta drásticamente con las acusaciones que pesan sobre él. Esta aparente contradicción nos recuerda que el abuso no tiene un rostro definido, que puede esconderse tras la fachada de la respetabilidad y la erudición.

La víctima, cuya identidad se mantiene protegida, denunció los hechos ocurridos en 2004, 2007 y 2011 en Naucalpan, ante el Agente del Ministerio Público en diciembre de 2024. ¿Por qué tanto tiempo de silencio? ¿Qué mecanismos de poder impidieron que la voz de esta víctima fuera escuchada antes? Estas son preguntas que debemos hacernos como sociedad, pues el silencio es cómplice y perpetúa el ciclo del abuso.

El ingreso de Antonio “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla marca el inicio de un proceso judicial que deberá esclarecer los hechos y determinar su culpabilidad. Pero más allá del resultado del juicio, este caso debe servir como un llamado a la acción. Es necesario implementar mecanismos más efectivos de prevención y protección de la infancia, así como fortalecer los canales de denuncia para que las víctimas puedan alzar la voz sin miedo a represalias.

La sociedad exige justicia, no solo para este caso en particular, sino para todas las víctimas de abuso sexual que han sido silenciadas durante demasiado tiempo. Es hora de romper el pacto de silencio y construir una sociedad donde la protección de la infancia sea una prioridad absoluta. La detención de Antonio "N" es solo un paso en este largo camino hacia la justicia y la reparación. La lucha continúa.