La tensión se palpa en el aire cada vez que el colectivo Holy Yash alza la voz. Ayer, la lluvia torrencial que azotaba la Ciudad de México no fue impedimento para que sus integrantes se manifestaran frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), escalando incluso la techumbre del emblemático edificio en Bucareli. Una imagen impactante, que nos obliga a preguntarnos: ¿qué lleva a un grupo a tomar medidas tan extremas, desafiando las inclemencias del tiempo y poniendo en riesgo, incluso, la seguridad de menores de edad?

La Segob ha reiterado su disposición al diálogo, afirmando haber brindado apoyo al colectivo desde 2022. Mesas interinstitucionales con la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de las Mujeres y la Oficina de Presidencia, acompañamiento en diligencias ministeriales, asistencia jurídica, revisión de carpetas de investigación… la lista de acciones emprendidas por la dependencia es extensa. Incluso se ha proporcionado, a través del DIF, insumos, alimentos y artículos de primera necesidad. Entonces, ¿dónde radica el desencuentro?

Según la Segob, la falta de asistencia del colectivo a las diligencias programadas y la negativa a concretar acuerdos previamente establecidos han entorpecido la resolución del conflicto. Es un laberinto burocrático donde las versiones se contraponen, y donde la urgencia de las demandas del colectivo choca con los tiempos y procedimientos institucionales.

La presencia de una niña de seis meses y dos adolescentes en la protesta de ayer añade un matiz de preocupación a la situación. Si bien el derecho a la manifestación es fundamental en una sociedad democrática, la exposición de menores a situaciones de riesgo genera un debate ético ineludible. ¿Es legítimo utilizar la vulnerabilidad infantil como herramienta de presión? ¿Hasta qué punto la lucha por una causa justifica poner en peligro la integridad de los más pequeños?

La Segob, en su comunicado, refrenda su compromiso con el diálogo y el respeto a los derechos humanos, haciendo hincapié en la protección de niñas, niños y adolescentes. Un mensaje que busca tender puentes en medio de la tormenta, pero que no parece suficiente para calmar las aguas. El eco de las voces que claman justicia desde la azotea de la Segob resuena con fuerza, recordándonos la complejidad de un conflicto que exige soluciones inmediatas y, sobre todo, un diálogo genuino que permita encontrar un camino hacia la reconciliación.

Más allá de las acusaciones cruzadas y las justificaciones oficiales, es imperativo analizar las causas profundas que subyacen a este tipo de protestas. ¿Qué fallas sistémicas impiden que las vías institucionales sean efectivas para atender las demandas de la ciudadanía? ¿Cómo podemos construir un sistema que garantice el acceso a la justicia y la reparación del daño, sin necesidad de recurrir a medidas extremas? La respuesta, sin duda, es un desafío que nos compete a todos.

Mientras tanto, la lluvia sigue cayendo sobre la Ciudad de México, lavando las huellas de una protesta que, más allá del ruido mediático, nos deja un sabor amargo y la certeza de que aún queda mucho por hacer para construir una sociedad más justa y equitativa. El caso del colectivo Holy Yash es un espejo que refleja las grietas de nuestro sistema y nos interpela a buscar soluciones que trasciendan las declaraciones oficiales y se traduzcan en acciones concretas que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.