La sombra de la extorsión y el despojo se cierne sobre el Estado de México. La reciente Operación Restitución, impulsada por la Fiscalía General de Justicia, ha sacado a la luz una trama de intimidación y violencia orquestada por líderes e integrantes de diversos sindicatos. Once figuras clave de estas organizaciones ya se encuentran vinculadas a proceso, acusadas de delitos que van desde la extorsión y el secuestro exprés hasta el despojo de propiedades. Imaginen el terror de familias enteras, viendo cómo su patrimonio, construido con años de esfuerzo, es arrebatado por la fuerza. Locales comerciales, naves industriales, incluso viviendas, convertidas en botín de estas redes delictivas.

La USON, Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, emerge como uno de los principales actores en esta red de corrupción. Cinco de sus miembros han sido señalados por utilizar la intimidación y la superioridad numérica para ocupar ilegalmente propiedades. Operando bajo un manto de impunidad, exigían fuertes sumas de dinero a las víctimas a cambio de la devolución de sus bienes. Municipios como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Tecámac, Tlalnepantla y Zumpango se convirtieron en el escenario de sus fechorías. ¿Cuántos negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas? ¿Cuántas familias tuvieron que abandonar sus hogares, presas del miedo y la desesperanza?

La investigación también ha alcanzado a Hugo Francisco “N”, líder de la Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ), vinculado a proceso por extorsión agravada. Su figura, otrora asociada a la defensa de los derechos populares, se ve ahora manchada por la sospecha de abusar de su poder para beneficio propio.

Pero la trama no termina ahí. La temida Unión 300, también conocida como “Los 300”, se suma a la lista de organizaciones criminales investigadas. Homicidio, narcotráfico, extorsión a transportistas y comerciantes, robo con violencia… la lista de delitos que se les atribuye es escalofriante. Las autoridades han revelado la existencia de una red de protección que llegaba hasta las más altas esferas de la pasada administración del ayuntamiento de Ecatepec. Un entramado de complicidades que permitió a este grupo operar con impunidad durante años, sembrando el terror en municipios como Ecatepec, Tecámac y Zumpango. Nombres como Jorge “N”, Alberto Eduardo “N” y Luis “N”, alias “El Conejo”, resuenan ahora como sinónimo de delincuencia y abuso de poder.

Finalmente, la vinculación a proceso de Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio, alias “El Taz”, miembros del Sindicato 22 de octubre, añade otra capa de complejidad a este oscuro panorama. Acusados de despojo, sus nombres se relacionan con el caso de la señora Carlota "N", quien en un acto desesperado de defensa propia, acabó con la vida de dos invasores que intentaban arrebatarle su hogar. Un caso que conmocionó a la opinión pública y que puso en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la acción impune de estos grupos delictivos.

La Operación Restitución es un primer paso hacia la justicia y la recuperación de la tranquilidad en el Estado de México. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Es fundamental que las autoridades profundicen en las investigaciones, desmantelando por completo estas redes de corrupción y llevando ante la justicia a todos los responsables. Solo así se podrá garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y devolver la confianza en las instituciones. El camino hacia la justicia es largo, pero la sociedad exige que se recorra hasta el final.