La sombra de la extorsión y el despojo se cierne sobre el Estado de México, revelando una compleja red de corrupción que involucra a líderes sindicales, grupos delictivos e incluso, a funcionarios de la pasada administración. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha destapado la olla podrida con la “Operación Restitución”, una estrategia que busca devolver la tranquilidad a los mexiquenses y desmantelar las organizaciones que se han enriquecido a costa del miedo y la vulnerabilidad. Once figuras clave de estos sindicatos ya han sido vinculadas a proceso, acusadas de tejer una trama de intimidación y violencia para apoderarse ilegalmente de propiedades, desde humildes viviendas hasta prósperas naves industriales.

Imaginen el terror de familias enteras, viendo cómo su patrimonio, construido con años de esfuerzo, es arrebatado por la fuerza bruta. Estos grupos, amparados en la supuesta legitimidad de un sindicato, operaban con total impunidad, sembrando el pánico en municipios como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Tecámac, Tlalnepantla y Zumpango. La "Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)" es uno de los nombres que resuenan con fuerza en esta investigación. Sus integrantes, identificados como José Carmelo “N”, Gabriela “N”, Ulises “N”, Juan Alberto “N” y José Manuel “N”, utilizaban su superioridad numérica y la exhibición de armas para amedrentar a sus víctimas, exigiendo cuantiosas sumas de dinero a cambio de la devolución de sus propiedades.

Pero la USON no es la única organización bajo la lupa de la justicia. El grupo "Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)", liderado por Hugo Francisco “N”, también ha sido vinculado a proceso por extorsión agravada. Y la "Unión 300" o "Los 300", un nombre que evoca las sombras del crimen organizado, es investigada por su presunta participación en una amplia gama de delitos, desde homicidios y narcotráfico hasta extorsión y robo con violencia. Las autoridades sospechan que esta organización contaba con la protección de altos mandos de la pasada administración del Ayuntamiento de Ecatepec, lo que evidencia la profunda infiltración del crimen en las estructuras de poder.

La “Operación Restitución” no se limita a la detención de los autores materiales de estos delitos. La investigación se extiende a la posible complicidad de servidores públicos, notarios, miembros de instituciones de seguridad y justicia, e incluso actores políticos. Doce personas pertenecientes a diversas instituciones ya enfrentan cargos por su presunta participación en esta red criminal. La FGJEM ha dejado claro que no habrá impunidad para quienes hayan colaborado con estos grupos, traicionando la confianza de la ciudadanía.

La lucha contra el despojo y la extorsión es una batalla que apenas comienza. La “Operación Restitución” es un paso crucial en la dirección correcta, un mensaje contundente de que el Estado de México no será territorio fértil para la impunidad. La ciudadanía espera con ansias que la justicia se aplique con todo el rigor de la ley, y que se implementen medidas efectivas para prevenir que estos hechos se repitan en el futuro. La recuperación de la confianza en las instituciones es un proceso largo y complejo, pero la transparencia y la firmeza en la persecución del delito son los cimientos sobre los que se construye un Estado de Derecho sólido y confiable.