La creciente tensión comercial global, marcada por el proteccionismo estadounidense y la reestructuración económica mundial, ha puesto a México en una posición privilegiada frente a Estados Unidos. A diferencia de potencias como la Unión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, o la China de Xi Jinping, México goza de la ausencia de aranceles recíprocos con Estados Unidos, lo que significa que aproximadamente el 90% del comercio bilateral fluye sin estas barreras. Este logro, resultado de intensas negociaciones encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a través de ocho visitas a Washington, innumerables llamadas telefónicas y videoconferencias, incluso con la participación de los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump, coloca a México en una situación ventajosa en el tablero comercial internacional. Si bien persisten aranceles al aluminio y al acero, estos afectan a todos los países, no solo a México. Además, la integración de la industria automotriz mexicana con la estadounidense ha resultado en descuentos arancelarios para autopartes, un beneficio impulsado por el cabildeo conjunto del gobierno mexicano con gigantes automotrices como General Motors, de Mary Barra; Ford, bajo la dirección de Jim Farley; y Stellantis, liderada por Antonio Filosa. El equipo de Ebrard defiende la postura de que, si bien un retorno al libre comercio de los noventa es improbable dada la actual política proteccionista de Estados Unidos, México se encuentra en una posición óptima para negociar acuerdos más favorables que sus competidores. En este nuevo orden económico, donde los bloques regionales ganan peso y la seguridad es primordial, la proximidad geográfica de México con Estados Unidos se convierte en una ventaja estratégica, especialmente para las cadenas de suministro en sectores clave como microprocesadores y farmacéuticos.

En otro frente, Banobras, dirigida por Jorge Mendoza Sánchez, interviene en el conflicto legal entre el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, y la concesionaria de agua Aguakan, dirigida por Paul Rangel Merkley. La disputa, que escaló hasta órdenes de aprehensión contra Rangel Merkley, el presidente del Consejo de Administración, Jorge Ballesteros, y los accionistas principales del Grupo Bursátil Mexicano (GBM), Diego Ramos y Enrique Rojas, ha llevado a un punto muerto. La ofensiva legal, orquestada por el despacho de Guillermo Barradas y Roberto García, obligó a los acusados a abandonar sus puestos en Aguakan para concentrarse en su defensa, a cargo de Alberto Zínser y José Zapata. La propuesta de Banobras es adquirir Aguakan, administrarla temporalmente y luego venderla a un tercero, una solución que depende crucialmente del acuerdo sobre el precio de la empresa. Mientras Aguakan la valúa en 16 mil millones de pesos, la oferta inicial del gobierno de Quintana Roo fue de 4 mil millones, una brecha considerable que deberá ser salvada.

Las subastas en reversa de Birmex para la adquisición de 575 claves de medicamentos, con un presupuesto inicial de 45 mil millones de pesos, han concluido con importantes ahorros para el gobierno, posiblemente de hasta un 50%. Un ejemplo claro es la reducción del precio de una caja de Omeprazol de 14 piezas de 9.80 a 4.60 pesos. Sin embargo, el triunfo en precios ha generado controversia, ya que los principales beneficiarios son empresas chinas e indias, acusadas de incurrir en dumping. El caso de Amarox, con su socio local Roquigama de Octavio González, ilustra esta situación. La presión de la industria farmacéutica nacional ha llevado a la aplicación del "margen de preferencia", que otorga un margen del 15% a las empresas mexicanas, a pesar de que inicialmente se había descartado. Esta medida busca equilibrar la competencia y favorecer a la industria nacional frente a la agresiva estrategia de precios de las empresas extranjeras.

La reforma energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa generando reacciones en el sector. Tras la salida de varias multinacionales, se suma la venta de las gasolineras de Shell, presidida por Wael Sawan, a ICONN, la empresa de Luis Chapa, propietario de la franquicia 7-Eleven y Petro Seven. Valero Energy, de R. Lane Riggs, podría seguir el mismo camino tras la suspensión de sus importaciones de combustible por parte del gobierno. Sempra Energy, de Jeffrey Martin, está desinvirtiendo en su negocio de distribución de gas natural, mientras que Acciona, de Manuel Entrecanales, y Engie, de Catherine MacGregor, se retiran de proyectos de energías renovables. Estas decisiones reflejan la incertidumbre y los desafíos que enfrentan las empresas energéticas en el nuevo panorama regulatorio.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia pospuso la discusión sobre la recusación del ministro Alberto Pérez Dayán en el caso del amparo interpuesto por Elektra contra el SAT. Ricardo Salinas Pliego cuestiona la imparcialidad del ministro. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena solicitó más tiempo para analizar su voto, lo que prolonga la incertidumbre en este caso de alto perfil.