Un aire de cambio sopla sobre el Poder Judicial. A pocos días de la histórica elección de sus integrantes, la ciudadanía tiene la oportunidad no solo de conocer a los candidatos, sino de analizar sus propuestas y visiones para el futuro de la justicia en México. En este contexto, las palabras de Jazmín Bonilla García, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resuenan con especial fuerza. Bonilla García no se limita a presentar su candidatura, sino que invita a una reflexión profunda sobre el rol del Poder Judicial y su relación con la sociedad. Su participación en el proceso, confiesa, le ha revelado las profundas carencias en la comunicación entre la justicia y los ciudadanos. Existe un desconocimiento generalizado, afirma, sobre las funciones del Poder Judicial Federal, confundiéndose a menudo con instancias locales como fiscalías o ministerios públicos. Esta confusión, argumenta, alimenta la percepción de ineficacia estatal en la impartición de justicia, un reclamo legítimo por parte de la ciudadanía que exige respuestas claras y contundentes.

La candidata propone una mayor cercanía con la sociedad, una comunicación más transparente y accesible que permita comprender el complejo entramado de la justicia. Su propia experiencia como candidata, expuesta al escrutinio público, le ha mostrado la doble responsabilidad que implica aspirar a un cargo de tal magnitud: la responsabilidad de la labor jurisdiccional y la del escrutinio público, dos caras de la misma moneda en esta nueva era de participación ciudadana. "Las personas, voten o no por ti, van a tener posiblemente esta decisión de en las calles, hacerte un legítimo reclamo directo," afirma Bonilla García, consciente del peso de la expectativa ciudadana sobre los hombros de quienes resulten electos. La independencia judicial, un pilar fundamental del Estado de Derecho, no se limita a la independencia política o económica, sino que también abarca la independencia de la opinión pública. Las resoluciones judiciales, sostiene la candidata, deben basarse en el análisis jurídico, no en la búsqueda de popularidad o aprobación.

Por otro lado, Rubén Jesús Lara Patrón, candidato a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pone el acento en la transparencia y la necesidad de reflexionar sobre el propio proceso de designación de autoridades judiciales, particularmente en el marco de la reciente reforma electoral. Lara Patrón destaca la importancia de que la ciudadanía comprenda no solo el qué, sino el porqué de las resoluciones judiciales. El actual proceso electoral, afirma, brinda una oportunidad invaluable para revisar y mejorar los mecanismos de elección dentro del sistema judicial, evaluando qué funciona, qué no y qué necesita ajustarse para garantizar un acceso más amplio y efectivo a la justicia. Los retos son múltiples y complejos: el acceso a la justicia para los pueblos originarios, la incorporación de tecnologías para agilizar los procesos y la necesidad de que las resoluciones sean comprensibles para todos los ciudadanos, son solo algunos de los temas que requieren atención urgente.

Frente a la exposición pública que implica un cargo de alta responsabilidad, Lara Patrón se muestra firme: la presión no debe influir en el actuar de un juez o magistrado. Si se actúa con apego a la norma y a los principios legales, la exposición pública no debe ser un factor determinante. Es natural, reconoce, que las resoluciones no siempre satisfagan a todos los sectores, pero el criterio central debe ser siempre la aplicación imparcial del derecho.

Dos voces, dos perspectivas, un objetivo común: fortalecer el Poder Judicial y acercarlo a la ciudadanía. El próximo 1 de junio, la ciudadanía tendrá la última palabra.