La tensión se palpa en el aire del rancho "El Saucito", en el árido municipio de Balleza, Chihuahua. Lo que comenzó como una firme acción de la Conagua para restaurar la legalidad en el uso del agua, se ha transformado en un pulso entre la autoridad federal y la familia del exgobernador César Duarte Jáquez. La demolición de presas ilegales, la clausura de tomas clandestinas y la recuperación de zonas federales, acciones emprendidas con el respaldo de resoluciones judiciales firmes, se vieron súbitamente interrumpidas por la supuesta aparición de una suspensión provisional otorgada por una jueza federal. Este giro inesperado añade una nueva capa de complejidad a un caso que ya de por sí simboliza la lucha por el vital recurso hídrico en un país sediento.

La imagen de las máquinas demoledoras detenidas abruptamente, con el eco de la orden de suspensión aún resonando en el ambiente, ilustra la fragilidad del equilibrio entre la justicia y los intereses particulares. Mientras la Conagua actuaba en cumplimiento de la ley, desfogando presas y cancelando tomas de agua construidas al margen de la normatividad, la noticia de la suspensión provisional cayó como un balde de agua fría sobre el operativo. La incertidumbre se cierne sobre "El Saucito": ¿Se trata de una maniobra legal legítima o de una estrategia dilatoria para proteger privilegios indebidos?

La Conagua, en un comunicado que refleja la seriedad del asunto, ha afirmado no haber recibido notificación formal alguna sobre la supuesta suspensión. La búsqueda en el sistema público de consulta de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el momento, no ha arrojado resultados que confirmen la existencia de dicha orden. Esta discrepancia entre la información proporcionada por los presuntos familiares del exgobernador y la realidad registrada en los sistemas oficiales, profundiza las sospechas y plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso.

Más allá de la demolición de las estructuras físicas, este caso pone de relieve una problemática mucho más profunda: la apropiación privada de un bien público esencial como el agua. En un contexto de creciente estrés hídrico, donde la escasez del recurso se agudiza cada vez más, la defensa del agua como un derecho humano fundamental adquiere una importancia crucial. La Conagua, al presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de uso ilegal del agua, envía un mensaje contundente: no se tolerará la impunidad en la gestión del agua, y quienes intenten burlar la ley deberán afrontar las consecuencias.

La situación en "El Saucito" se convierte así en un microcosmos de la batalla por el agua que se libra en todo México. Un escenario donde se confrontan la necesidad de garantizar el acceso equitativo a este recurso vital para todos los mexicanos y los intentos de algunos por privatizarlo y utilizarlo en beneficio propio. El desenlace de este caso sentará un precedente importante y marcará el rumbo de futuras acciones para proteger el agua, un patrimonio de la nación que no puede ser objeto de apropiación individual. La pregunta que queda en el aire es: ¿prevalecerá el interés general o se impondrán los privilegios de unos pocos? El futuro del agua en México, en gran medida, depende de la respuesta.