La vida académica nos ha enseñado, a quienes hemos pasado horas entre pupitres y pizarrones, una verdad ineludible: el acordeón es el símbolo del fraude intelectual. Ese pequeño paquete de papeles doblados, repleto de respuestas furtivas, representa la antítesis del conocimiento genuino. Es el intento desesperado de simular sabiduría, un engaño a los evaluadores y, en última instancia, a uno mismo. En el ámbito escolar, su uso es una transgresión, una falta de respeto al proceso de aprendizaje y una burla al esfuerzo de quienes se dedican a estudiar con honestidad. El acordeón es la prueba tangible de la reprobación, no solo académica, sino también moral.

Traslademos ahora este concepto al terreno electoral. Un proceso electoral, en su esencia, es una serie de pasos meticulosamente diseñados para discernir la voluntad popular. Es la expresión colectiva de una decisión, donde cada voto representa una voz que contribuye a la construcción del futuro. Sin embargo, este ejercicio democrático se sustenta en dos pilares fundamentales: el conocimiento y la libre expresión de la voluntad. Estos requisitos son sine qua non, es decir, indispensables e innegociables. Sin ellos, el proceso se desvirtúa y el resultado se contamina.

Imaginemos un electorado desinformado, carente de los conocimientos básicos para comprender las implicaciones de su voto. En este escenario, el acordeón electoral, representado por la manipulación y la coacción, se convierte en el sustituto perverso del razonamiento crítico. El voto, en lugar de ser una expresión libre y consciente, se transforma en un eco de la voluntad ajena, en una obediencia ciega a intereses particulares. El resultado, inevitablemente, será un reflejo distorsionado de la verdadera voluntad popular, un fraude a la democracia misma.

Este fenómeno se agrava aún más cuando hablamos de la elección de jueces. ¿Cómo podemos esperar imparcialidad e independencia de un magistrado que llega al poder mediante el engaño y la manipulación? La necedad de validar un proceso viciado de origen solo puede explicarse por la perversa intención de obtener beneficios personales a costa del bienestar colectivo. En este contexto, la elección de jueces se convierte en un instrumento al servicio de la delincuencia, ya sea la que opera fuera o, aún más preocupante, la que se infiltra en las esferas del poder. Los candidatos, en su afán por asegurar su posición, se ven obligados a ofrecer sentencias favorables a quienes los apoyaron, creando un círculo vicioso de corrupción que socava los cimientos del Estado de Derecho.

Es desconcertante, e incluso doloroso, observar cómo algunos mexicanos, ya sea por ignorancia, indiferencia o conveniencia, se niegan a reconocer esta realidad. Prefieren vivir en el engaño, cómplices de un sistema que los perjudica. Es imperativo romper este ciclo de corrupción y recuperar la esencia de la democracia. La educación, la información y el pensamiento crítico son las armas más poderosas contra la manipulación y el fraude. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir transparencia y honestidad en los procesos electorales, y velar por que el poder judicial esté en manos de personas íntegras y capacitadas, comprometidas con la justicia y el bien común. Solo así podremos construir un futuro donde la voluntad popular sea la verdadera protagonista.