La sombra de la contaminación se cierne sobre Zimapán, Hidalgo. Un derrame de jales mineros, provenientes de la empresa Sago Import Export, ha teñido de preocupación el paisaje de esta comunidad, despertando la alarma entre sus habitantes y las autoridades ambientales. Las redes sociales, convertidas en altavoces de la emergencia, difundieron imágenes del desastre, mostrando el rastro de lodos y residuos que se extendía más allá de los límites de la mina, alcanzando incluso la zona residencial conocida como “La Alberca”. Esta denuncia ciudadana, amplificada por la inmediatez de las plataformas digitales, fue el detonante para la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El pasado 23 de mayo, inspectores de la Profepa se personaron en las instalaciones de la minera para constatar la magnitud del daño. El panorama que encontraron confirmó los peores temores: un derrame originado en la presa de jales número 2, había inundado 1.38 hectáreas al interior de la planta con una mezcla tóxica de jales, lodos y aguas residuales. Pero la tragedia ambiental no se limitaba al perímetro de la mina. El escurrimiento, cual río de lodo contaminado, había logrado franquear las barreras de contención, avanzando peligrosamente hacia las viviendas de “La Alberca”.

Más allá del impacto visual, el verdadero peligro reside en la composición de estos jales. Cargados de residuos peligrosos, como plomo, zinc y cobre, representan una amenaza latente para la salud del ecosistema. Su contacto con el suelo, la flora y la fauna desencadena un efecto devastador, alterando el equilibrio natural y poniendo en riesgo la biodiversidad de la región. La posibilidad de un desequilibrio ecológico a gran escala, con consecuencias impredecibles, se cierne sobre Zimapán.

Ante la gravedad de la situación, la Profepa no dudó en actuar. Con el peso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la institución impuso una clausura parcial temporal a las actividades de la minera Sago Import Export. Esta medida, que afecta directamente la extracción, beneficio y disposición de residuos en las presas de jales 2 y 3, busca frenar la fuente de contaminación y prevenir nuevos derrames. Sin embargo, la clausura no es un castigo, sino una oportunidad para la rectificación. La empresa deberá implementar medidas correctivas que garanticen la seguridad de sus operaciones, incluyendo el retiro de los jales derramados y la remediación del suelo afectado, tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

El caso de la minera Sago Import Export en Zimapán nos recuerda la fragilidad de nuestro entorno y la importancia de una minería responsable. La búsqueda de recursos naturales no puede justificar la devastación ambiental. Es necesario un compromiso real de las empresas con la sostenibilidad, priorizando la protección de los ecosistemas y la salud de las comunidades. La vigilancia ciudadana, apoyada en las herramientas de la era digital, juega un papel crucial en la denuncia de estas prácticas nocivas y en la exigencia de un desarrollo económico que respete los límites de la naturaleza. El futuro de Zimapán, y de todos los ecosistemas que sustentan la vida en nuestro planeta, depende de ello.