En un giro sorprendente en la saga del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha destapado una trama de apropiación ilegal de agua en su rancho "El Saucito". La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), revela un complejo sistema de presas y pozos ilegales que desviaban el cauce natural de un arroyo tributario del Río Bravo. Imagine la audacia: un entramado de estructuras hidráulicas clandestinas, ocultas en la propiedad del exgobernador, acumulando la vital agua que debería fluir libremente hacia el Río de las Agujas, y posteriormente, al Río Conchos, afectando no solo el ecosistema local, sino también el delicado equilibrio del Tratado de Aguas con Estados Unidos.

La Conagua, a través de su subdirector general de administración del agua, Mauricio Rodríguez, ha detallado el meticuloso proceso de investigación que condujo a este descubrimiento. Desde 2018, las inspecciones en "El Saucito" han sacado a la luz la magnitud de la operación: una presa principal con capacidad para almacenar hasta 700 mil metros cúbicos de agua, interconectada con cuatro presas más pequeñas, funcionando como una red para acaparar un recurso esencial. A esto se suma la extracción ilegal mediante pozos, conformando un sistema que operaba al margen de la ley, sin los permisos necesarios que la Conagua, por mandato constitucional, debe expedir para el uso del agua nacional.

Las consecuencias de este acto ilícito van más allá del impacto ambiental. Rodríguez ha enfatizado la importancia del agua desviada para el cumplimiento del Tratado de Aguas con Estados Unidos, un acuerdo internacional que regula el reparto de las aguas del Río Bravo. Al retener el agua, Duarte no solo perjudicaba el ecosistema local y a las comunidades que dependen de él, sino que también comprometía el cumplimiento de un compromiso internacional crucial para México.

Tras un largo proceso legal, que incluyó amparos presentados por Duarte, la Conagua finalmente obtuvo la autorización para demoler las presas y clausurar los pozos ilegales. El 27 de mayo se iniciaron las acciones para restituir el cauce natural del arroyo, pero un nuevo obstáculo surgió en el camino. Un grupo de ciudadanos interpuso un amparo alegando que se beneficiaban del agua retenida ilegalmente. Sin embargo, la Conagua ha puesto en duda la veracidad de esta afirmación, destacando la ausencia de poblaciones cercanas al rancho.

La lucha por el agua continúa. La Conagua, comprometida con la administración responsable de este recurso vital, ha instado a la ciudadanía a denunciar cualquier uso ilegal a través de su portal "PODAN CONAGUA". Esta herramienta permite reportar anomalías de forma anónima, activando automáticamente una inspección por parte de las autoridades. La transparencia y la participación ciudadana son claves para proteger el agua, un recurso esencial para la vida y el desarrollo sostenible de México. El caso de "El Saucito" sirve como un recordatorio contundente de la importancia de la vigilancia ciudadana y la firme aplicación de la ley para garantizar el acceso equitativo y la gestión responsable del agua para todos. El agua es un bien público, no un privilegio de unos pocos.