El llamado a la abstención electoral, una sombra sobre la democracia mexicana, ha generado un enérgico rechazo por parte de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso. Sus palabras resuenan como un firme recordatorio de la importancia crucial de la participación ciudadana en los procesos electorales. No se trata, argumenta, de una simple opción, sino de un derecho fundamental, un pilar esencial sobre el que se construye la legitimidad de un sistema democrático. Intentar minar este derecho, independientemente de las justificaciones que se esgriman, representa una amenaza a la esencia misma de la democracia.

La discusión sobre la idoneidad del sistema de selección de jueces, ministros y magistrados ha quedado atrás. El momento de los debates teóricos ha concluido, y la realidad constitucional se impone: el sistema actual es el marco legal vigente y, como tal, debe ser respetado. Ahora, la responsabilidad recae en la ciudadanía. Informarse, analizar las candidaturas y, finalmente, emitir un voto consciente y libre son las acciones que definirán el rumbo de la justicia en nuestro país. No se trata de una mera formalidad, sino de un acto de soberanía popular, el instrumento más poderoso con el que cuenta el pueblo para moldear su propio destino.

La magistrada Soto Fregoso hace un llamado a la reflexión: el voto es la piedra angular de la democracia, el mecanismo legítimo que permite a la sociedad decidir sobre la dirección que tomará el país. Minimizar su importancia o, peor aún, incitar a la abstención, equivale a socavar los cimientos mismos del sistema democrático. Por ello, la invitación a la participación no es solo un deber cívico, sino una necesidad imperante para fortalecer la vida democrática del país.

Más allá de la participación ciudadana, la magistrada también dirige su mensaje a quienes compiten por los cargos judiciales. Les recuerda la importancia de adherirse a las reglas y leyes establecidas en la Constitución Mexicana. La contienda electoral debe ser un espacio de competencia justa y transparente, donde el respeto a la legalidad sea la norma. De igual manera, enfatiza la necesidad de acatar los resultados, reconociendo la legitimidad del proceso y la voluntad expresada en las urnas.

Finalmente, la magistrada Soto Fregoso ofrece una garantía fundamental: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estará vigilante para proteger los derechos de todos los participantes en el proceso. Cualquier posible violación a estos derechos será atendida con la debida diligencia por la Sala Superior y las Salas Regionales. Este compromiso institucional brinda un marco de seguridad jurídica y refuerza la confianza en la imparcialidad del proceso electoral. La justicia electoral, concluye la magistrada, será el garante último del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.