La noticia del posible uso ilegal del agua por parte del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha sacudido la opinión pública y ha puesto en el centro del debate la gestión de los recursos hídricos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum, con la firmeza que la caracteriza, ha anunciado que su gobierno, a través de la Conagua, presentará una denuncia ante la FGR. Este acto no solo busca castigar un presunto delito, sino también sentar un precedente crucial: el agua es un bien nacional y su uso debe estar regido por el interés colectivo, no por el beneficio privado, especialmente en un contexto de creciente escasez.

La construcción de una presa, cuatro represas y un pozo en una propiedad del exgobernador, en un estado que sufre periódicamente la falta de agua, levanta serias interrogantes. ¿Cómo se autorizaron estas obras? ¿Se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes? ¿Se consideró el impacto en las comunidades circundantes que podrían verse afectadas por la disminución del caudal? Estas son preguntas que la investigación deberá responder con transparencia y rigor.

La decisión del gobierno de Sheinbaum de llevar este caso ante la justicia es un paso importante en la lucha contra la impunidad y la corrupción que históricamente han plagado la gestión del agua en México. Durante décadas, la opacidad y la falta de regulación han permitido que particulares, a menudo con poder político o económico, se apropien de este recurso vital, dejando a comunidades enteras sin acceso a un derecho fundamental. Esta práctica no solo es injusta, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y social del país.

La escasez de agua es una realidad cada vez más apremiante en muchas regiones de México, agravada por el cambio climático y la sobreexplotación de los acuíferos. En este contexto, la apropiación ilegal del agua se convierte en un acto aún más grave, que profundiza las desigualdades y pone en peligro el bienestar de la población. Es imperativo que las autoridades actúen con contundencia para proteger este recurso esencial y garantizar su acceso equitativo para todos los mexicanos.

La denuncia contra César Duarte no es un caso aislado. Representa una oportunidad para revisar a fondo la gestión del agua en el país y para implementar políticas públicas que promuevan un uso responsable y sostenible de este recurso. Es necesario fortalecer la Conagua, dotarla de mayores recursos y autonomía, y asegurar que las leyes se cumplan sin excepciones, sin importar el poder político o económico de los involucrados.

El agua es un bien común, patrimonio de todos los mexicanos. Su protección y gestión responsable son fundamentales para el desarrollo sostenible del país. La acción del gobierno de Sheinbaum es un paso en la dirección correcta, pero es necesario que la sociedad en su conjunto se involucre en este desafío y exija que el agua se trate con la importancia que merece. La lucha por el agua es la lucha por la vida, la justicia y el futuro de México. Es un llamado a la responsabilidad individual y colectiva, a la transparencia y a la construcción de un futuro donde el acceso al agua sea un derecho garantizado para todos.