La transformación del Poder Judicial en México es un tema candente, un punto de inflexión en nuestra historia democrática. Por primera vez, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir directamente a quienes impartirán justicia, un cambio trascendental que ha generado opiniones encontradas, desde la euforia hasta la profunda preocupación. Algunos lo ven como un salto al vacío, un experimento arriesgado que podría desestabilizar el delicado equilibrio de poderes. Otros, y me incluyo entre ellos, lo percibimos como una bocanada de aire fresco, una oportunidad única para sacudir las estructuras anquilosadas de un sistema judicial plagado de vicios y corruptelas.

Durante décadas, el Poder Judicial ha sido un coto cerrado, un espacio reservado para las élites políticas y económicas. La justicia, ese ideal sublime que debería ser accesible a todos, se ha convertido en un privilegio, en una mercancía sujeta a los vaivenes del poder. La impunidad se ha enraizado en lo más profundo del sistema, protegiendo a los poderosos y dejando en la indefensión a los más vulnerables. Este clamor por la justicia, este anhelo de un sistema equitativo y transparente, resuena en cada rincón del país, desde las grandes urbes hasta las comunidades más apartadas.

La coyuntura actual, marcada por la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ha creado un escenario propicio para esta transformación. La ausencia de ministros afines al presidente en la Suprema Corte, combinada con la formación de grupos de poder dentro del Poder Judicial durante el sexenio anterior, ha generado una tensión que ha acelerado la necesidad de un cambio. La reacción de aquellos que se veían como dueños del sistema judicial, acostumbrados al tráfico de influencias y al control absoluto de las decisiones judiciales, no se ha hecho esperar. Su resistencia al cambio es una muestra evidente de los intereses que están en juego.

Más allá de las circunstancias políticas, existen razones de fondo que justifican esta reforma. La impunidad, como un cáncer que corroe las entrañas del sistema, es solo la punta del iceberg. La falta de juristas probos, capaces de resistir las tentaciones del poder económico y político, ha contribuido a la degradación del Poder Judicial. No podemos negar que, en el periodo comprendido entre la reforma de Ernesto Zedillo y la actual, muchos de los nombramientos judiciales sucumbieron a las redes de la corrupción.

La crisis del sistema judicial, sumada al activismo político que ha generado un profundo desencuentro dentro de la clase política judicial, son los dos factores clave que han impulsado esta reforma. Sin ellos, probablemente, seguiríamos atrapados en el mismo círculo vicioso de impunidad y corrupción.

El futuro del Poder Judicial está en manos de la próxima generación de jueces y magistrados. El éxito de esta reforma dependerá de su capacidad para construir una cultura de elección democrática y de su compromiso con la justicia. Perfeccionar el sistema, dotarlo de mecanismos que garanticen su legitimidad democrática, es una tarea urgente e impostergable. Por eso, los invito a participar activamente en este proceso histórico. El próximo domingo, acudamos a las urnas y ejerzamos nuestro derecho al voto. Hagamos historia juntos, construyendo un Poder Judicial más justo, transparente y democrático.